Gobierno venezolano rechaza informe de Bachelet que criticó ausencia de una Justicia independiente

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El Ejecutivo de Maduro desestimó las recomendaciones de la Alta Comisionada para los DDHH de reformas judiciales para "garantizar independencia e imparcialidad".

Caraca consideró que el documento es "tendencioso" y está "elaborado a partir de una cuestionada resolución del Consejo de Derechos Humanos".

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Gobierno venezolano rechaza informe de Bachelet que criticó ausencia de una Justicia independiente
 ATON (Archivo)
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El Gobierno de Venezuela rechazó el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentado este miércoles en Ginebra, que critica la "ausencia" de un sistema de Justicia independiente en el país caribeño y las "violaciones de los derechos económicos y sociales".

El informe señala que el poder Judicial se ha visto deteriorado por presiones a la judicatura e interferencias políticas, por lo que la capacidad para actuar de forma independiente con el fin de proteger los derechos humanos se ha visto gravemente afectada y está contribuyendo a la impunidad.

Bachelet recomendó al Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, que emprenda reformas al sistema judicial para garantizar la imparcialidad y frenar "el uso de la justicia militar para juzgar a ciudadanos.

"Pido al Gobierno venezolano que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de Justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos ", subrayó la alta comisionada.

SIN DDHH EN EL ARCO MINERO DEL ORINOCO

El informe señala también la situación de los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela, y asegura que están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.

La investigación sobre este asunto, expuso Bachelet, destaca que los mineros de la zona "están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia" por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como "sindicatos".

"A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería", subrayó Bachelet.

Ante esta situación, el documento urge a investigar los abusos en la zona y poner coto a la corrupción y actividades ilegales que se desarrollan en el Arco Minero del Orinoco.

VENEZUELA NO ACEPTA RECOMENDACIONES

El Ejecutivo desestimó, a través de un comunicado, el contenido, las conclusiones y las recomendaciones por considerar que el documento es "tendencioso" y está "elaborado a partir de una cuestionada resolución del Consejo de Derechos Humanos".

El informe es, para el Gobierno, una "muestra palpable del doble rasero, la manipulación y el vergonzoso uso político de los mecanismos internacionales por parte de un reducido grupo de países con graves expedientes de violación de derechos humanos y posiciones políticas manifiestamente hostiles hacia Venezuela".

Según la Administración, el Consejo de DDHH no tiene "facultad legal ni mandato alguno para pretender evaluar el funcionamiento constitucional de los poderes públicos y el desarrollo de los sectores económicos" del país.

COOPERACIÓN A PESAR DE TODO

A pesar del rechazo y las críticas al informe, el Gobierno muestra su disposición a seguir colaborando con el Consejo de DDHH y con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, pero con condiciones.

"La República Bolivariana de Venezuela ratifica su voluntad de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, sus mecanismos especiales y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siempre y cuando estas instancias eviten ser instrumentalizadas políticamente contra Estados soberanos e independientes", precisó el Ejecutivo.

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