Una Misión Internacional a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela ha concluido que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.
El informe publicado hoy por esa Misión ofrece amplia información "que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados".
"La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe", se señala en las conclusiones de la investigación.
Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.
Los investigadores han recogido evidencias de que a pesar que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora (periodo que cubre el informe) incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.
"Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes", denuncia el informe, que será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Casos de tortura
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo que la Misión que dirigió -compuesta por otros dos miembros y un equipo técnico de apoyo- revisó 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos "cometidos por las fuerzas de seguridad, y que podemos considerar ejecuciones extrajudiciales"
En su investigación, la Misión no sólo entrevistó a víctimas, familiares, abogados y testigos, sino también a policías, militares y miembros de los servicios de inteligencia, incluidos algunos que siguen en funciones, a través de medios telemáticos.
De la responsabilidad de Maduro, Cox dijo que la Misión obtuvo información que indica que el presidente ha dado en ocasiones órdenes directamente al director del SEBIN para seguir a alguien en particular.
La persona en cuestión era puesta bajo vigilancia, se reunía información sobre ella, se interceptaban sus comunicaciones y luego era detenida sin orden judicial, "solo porque había una orden del presidente", explicó.
Cuando se trataba de reprimir a un oponente, no sólo éste era la víctima, sino también lo eran sus familiares, amigos, colegas y activistas que lo defendía, y ahora se sabe que en muchos casos el SEBIN "falsificó evidencia", para lo cual colocaba una supuesta prueba de delito en la casa de la víctima, sobre todo armas.
Otra táctica ha consistido en distorsionar el resultado de redadas en casas o inspecciones de vehículos.
Por otra parte, la Misión descubrió numerosos actos de tortura, como palizas, asfixia con agua o productos tóxicos, violencia sexual, mutilaciones, descargas eléctricas y diversos modos de tortura psicológica.
