La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este miércoles la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 200 millones de pesos a dos hermanas torturadas por los agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, sucesora de la DINA.
Las víctimas, Clara Elena y Lidia Elizabeth Flores Araya, fueron detenidas ilegalmente en enero de 1981 y sometidas a torturas y vejámenes en el antiguo cuartel "Borgoño", el recinto operativo más importante de la CNI en Santiago.
En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mireya López, Alejandra Rivera y Paulina Gallardo– aprobó la sentencia impugnada, dictado por el 9° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda, informó el Poder Judicial.
El fallo de primera instancia ratificado dio por acreditado que "(...) el ilícito, la responsabilidad del Estado y la circunstancia de que la detención y tortura de las víctimas, no habría tenido lugar si la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido", por lo que "sólo queda dar por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en el secuestro y apremios físicos y psicológicos" contra ambas mujeres.
"Y la responsabilidad trae consigo la indemnización de los perjuicios causados, reparación que se ha solicitado en relación al daño moral sufrido por el actor", agregó.
La resolución agrega: "Que para acreditar este daño moral sufrido se tendrá en cuenta la prueba testimonial aportada y los antecedentes que tuvo a la vista la Comisión Valech para la calificación de las actoras como víctimas, producto de los hechos delictuales cometidos por agentes del Estado y que han permanecido luego de más de 40 años de ocurridos los hechos, como parálisis facial (en) ambas hermanas, ceguera y depresión".
"Que en cuanto al monto de la indemnización, se estará a la circunstancia de que el hecho que causa el agravio ha permanecido largo tiempo y tenido influencia negativa en el desarrollo de en ese entonces dos jóvenes mujeres que debieron salir como refugiadas sin redes, sin familia, sin consuelo; razón por la cual se le fijará prudencialmente la suma de $100.000.000 a cada una que corresponde además al baremo utilizado en otras sentencias por esta misma sentenciadora; sin que ello aparezca que se trata de un enriquecimiento sin causa o un lucro improcedente, como pudiere alegar la demandada", concluyó el dictamen.
Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
