Amnistía Internacional en Chile presentó este jueves un duro informe sobre el primer año del segundo Gobierno de Sebastián Piñera a días de la cuenta pública, en la que se asegura que el Mandatario tiene "una deuda con los derechos humanos".
Según el organismo, bajo el eslogan "Piñera nos debe", varias medidas tomadas por la actual Administración son preocupantes ya que atentan contra la dignidad, la igualdad, la justicia y la garantía de las condiciones de vida adecuadas.
Se analizaron 26 áreas, de las cuales 24 están calificadas como en deuda, entre ellas la ley de aborto en tres causales que, según Amnistía Internacional, desde el Estado se ha tratado de entorpecer su aplicación principalmente con el reglamento de objeción de conciencia y también de que existe deficiente protección de la comunidad LGBTIQ+.
En el caso de migración, se cuestionó la implementación del programa de regularización extraordinaria de migrantes, el cual "se podría traducir en expulsiones colectivas aplicando criterios generales sin un análisis caso a caso", y se acusó que el Ejecutivo no asegura el debido acceso al procedimiento para personas solicitantes de asilo y refugio en nuestro país.
También se menciona el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca a consecuencia del actuar de "Comando Jungla" y la insistencia en aplicar la Ley Antiterrorista, asegurando que estos son "aspectos que acrecientan la deuda y encienden alarmas sobre la criminalización del pueblo mapuche".
La deuda de Piñera, según AI.
La directora de la organización en Chile, Ana Piquer, indicó que "es un aumento de la deuda la decisión de no firmar el pacto global de migraciones de Naciones Unidas y también hemos sido muy críticos de muchos otros temas vinculados al proceso de regularización migratoria extraordinaria, a la manera en que se ha estado dando trato a los solicitantes de refugio".
"También ha aumentado la deuda en relación a lo que desde Amnistía hemos llamado la criminalización del pueblo mapuche. Nada de esto son asuntos inevitables, son todas decisiones que adoptan los Gobiernos, que adoptan concientemente y que, en definitiva, lo que hacen es profundizar las deudas que ya hay en materia de derechos humanos", aseguró.
Gobierno acusa una visión "sesgada e ideologizada"
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, calificó el estudio como "sesgado y fuertemente ideologizado", apuntando a que faltan antecedentes en la documentación de la organización.
"Yo no he podido leer el informe oficial, sólo tengo la información de prensa, que me parece que lo que he leído tiene dos problemas: uno, me parece un informe sesgado, desinformado y fuertemente ideologizado, politizado; y, en segundo lugar, comete errores en la información que entrega, por lo tanto, está faltando a la verdad", acusó.
El secretario de Estado indicó que "se centra fundamentalmente en materias de proyectos de ley en el ámbito del género, de la sexualidad y no hay una palabra para la agenda de mujer que ha impulsado el Presidente de la República y que ya se ha concretado en varias materias. Ni una palabra".
Tras las declaraciones del ministro, Roberto Morales, vocero de Amnistía en Chile, replicó que "lo primero que él dice es que no ha leído el informe y que está respondiendo por titulares de prensa. Más que todo llamarle e invitarle a que lea el informe y eso es una mirada positiva, no es una mirada de descalificación".
En tanto, la diputada PS Emilia Nuyado, presidenta de la comisión DD.HH. de la Cámara Baja, sostuvo que "yo le pediría ad portas de entregar una cuenta pública que el Presidente pueda revisar y tener en consideración lo que le señala este informe de Amnistía Internacional Chile".
"El llamado es a que él mire internamente a su país y no solamente vea los números, las cifras económicas, sino que pueda revisar la situación de dignidad, de respeto, de discriminación, de marginalidad en que ellos tienen sometido, con esta forma de gobernar, a la ciudadanía", añadió la parlamentaria.
Aspectos positivos
A pesar del crítico informe, Amnistía Internacional reconoció medidas favorables de la actual administración, como la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la aprobación de Ley de Identidad de Género.
Al respecto, Juan Enrique Pi, presidente de la Fundación Iguales, comentó que "nosotros llamamos al Gobierno a cesar su intento constante de mantener la discriminación hacia las familias de la diversidad sexual, hacia las familias diversas. Hoy en día, las parejas del mismo sexo no tienen acceso al matrimonio".
"El Gobierno es uno de los principales opositores que hoy en día existe respecto de este derecho humano fundamental ya establecido por la Corte Suprema y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Gobierno tiene que tomar conciencia respecto a que no puede ser cómplice de mantener a las familias diversas en situación de discriminación y vulnerabilidad respecto a sus relaciones familiares", añadió el dirigente.
Sin embargo, cuestionó que en esta última normativa se dejara fuera la niñez trans, asegurando que "requieren de mayor protección y reconocimiento".
