Adriana Rivas afrontará a mediados de junio un juicio de extradición a Chile por la desaparición de siete personas durante la dictadura.
Juez de Nueva Gales del Sur determinó que no existían circunstancias que justificaran su salida de prisión.
Ex mano derecha del "Mamo", fue detenida en febrero en Sídney.
Un juez australiano denegó este lunes una nueva petición de libertad provisional por motivos de salud a Adriana Rivas, alias la "Chani", una ex agente del dictador Augusto Pinochet que afrontará a mediados de junio un juicio de extradición a Chile por la desaparición de siete personas hace más de cuatro décadas.
El juez Robert Williams, del Tribunal Local del estado de Nueva Gales del Sur, determinó que no existían circunstancias que justificaran la libertad provisional de Rivas, según reveló a Efe la abogada Adriana Navarro, quien representa a las familias de seis presuntas víctimas de la ex agente chilena.
Williams había dejado visto para sentencia su decisión sobre la tercera solicitud de Rivas para obtener libertad provisional desde que fue detenida en febrero de 2019 en Sídney, a raíz de una demanda de extradición de Chile que se dirime en los tribunales de la capital de Nueva Gales del Sur.
Ahora Rivas deberá esperar detenida el inicio del juicio de extradición a Chile que está previsto para el 16 y 17 del próximo mes.
La defensa de la ex agente tiene hasta el 27 de mayo para presentar sus alegatos escritos después de que el magistrado les concediera una extensión , precisó la abogada Navarro.
Además del proceso de extradición, Rivas también está a la espera de una decisión sobre el acceso a documentos de la fiscalía en una instancia federal.
Chile pidió la extradición de Rivas en 2014 por su participación en siete secuestros calificados como desapariciones ocurridos entre 1974 y 1977, cuando era agente de la DINA, policía política de la dictadura de Pinochet (1973-1990).
Rivas trabajaba en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y era mano derecha de Manuel Contreras, considerado uno de los máximos criminales de la dictadura, cuando ocurrieron estas violaciones de los derechos humanos que se le atribuyen.
La acusada, vinculada a la brigada de exterminio Lautaro, vive desde hace más de tres décadas en Australia, donde ha trabajado cuidando niños y limpiando casas.
En 2006 viajó a Chile para visitar a su familia y fue arrestada, aunque logró huir nuevamente al país oceánico cuando se encontraba en libertad provisional.
Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
