Rebajar a 10 años condenas a represores es "absurdo", afirmó Letelier
El diputado socialista recalcó que es ridículo poner un límite a las penas para violadores a los derechos humanos que es más bajo que el que se aplica a quien roba una bicicleta.
El diputado socialista recalcó que es ridículo poner un límite a las penas para violadores a los derechos humanos que es más bajo que el que se aplica a quien roba una bicicleta.
Juan Pablo Letelier, diputado y candidato del PS al Senado, calificó como "absurdo" el proyecto presentado por senadores de derecha y designados para limitar a 10 años las condenas contra violadores de derechos humanos durante la dictadura.
"Ese proyecto me parece tremendamente inadecuado", afirmó a El Diario de Cooperativa, ya que se "se está a punto de violar un principio constitucional de la máxima importancia, que es la igualdad ante la ley".
"Lo que es absurdo en la propuesta de la UDI y de otros que la acompañan es que están proponiendo que nadie que haya matado, que haya cometido delitos de lesa humanidad vaya a pasar más tiempo en la cárcel que 10 años", explicó.
El senador añadió que "es curioso, por cuanto si un joven de 16 años le roba con cuchillo a otro niño su bicicleta, es decir, robo con violencia contra un menor, tiene una sanción de 10 años y un día".
"Es curiosa la escala de valores que tiene esta propuesta, donde la vida la valorizan algunos menos que el robo de una bicicleta. Creo que ahí hay una tremenda inconsistencia de parte de quienes normalmente rasgan vestiduras por la seguridad ciudadana", concluyó.
La propuesta fue presentada por los senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Hernán Larraín y Jorge Arancibia (UDI), además del de Renovación Nacional (RN) Baldo Prokurica y los pro-Concertación Enrique Silva Cimma y Edgardo Boeninger en un gesto "muy desafortunado", según Letelier- el martes 6 de septiembre.
La idea es que las personas que hayan sido condenadas o que se encuentren procesadas actualmente por delitos contra la vida, la integridad física o síquica o la libertad personal cometidos por agentes del Estado entre el 11 de marzo de 1978 y el 11 de marzo de 1990, cumplirán una pena única de 10 años de presidio por la totalidad de los delitos cometidos, salvo que la pena impuesta por los tribunales fuese inferior a ésta.
Se exceptuarían de los beneficios "quienes hubieren desempeñado cargos directivos superiores en los organismos seguridad".