FNE acusó colusión de empresas de helicópteros para combate de incendios forestales

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Autor: Cooperativa.cl

Presentó un requerimiento contra tres compañía y dos ejecutivos ante el Tribunal de la Libre Competencia, en una investigación derivada del "cartel del fuego".

Solicita que se aplique multas de más de 6 mil millones de pesos por "afectar el resultado de diversos procesos de licitación en el mercado nacional".

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FNE acusó colusión de empresas de helicópteros para combate de incendios forestales
 ATON (Archivo)

En la acusación ante el TDLC la FNE expone que la colusión "ha afectado una actividad que puede poner en riesgo la vida de las personas".

Llévatelo:

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó este miércoles una nueva colusión en torno al combate y la extinción de incendios forestales, esta vez entre tres empresas de helicópteros: Calquín Helicopters SpA, Inaer Helicopter Chile S.A., y Pegasus South America Servicios Integrales de Aviación SpA (Faasa).

El organismo presentó ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión contra las tres firmas y, además, dos ejecutivos que "facilitaron la coordinación anticompetitiva y la ejecución de los acuerdos", al menos entre 2006 y 2014.

Mediante un comunicado, la FNE acusa que las empresas y las personas requeridas "celebraron y ejecutaron acuerdos consistentes en afectar el resultado de diversos procesos de licitación en el mercado nacional de procesos de contratación planificada de servicios de combate y extinción de incendios forestales mediante helicópteros".

Asimismo, en el texto interpuesto ante el TLDC expone que "la conducta de las requeridas ha afectado una actividad que puede poner en riesgo la vida de las personas y es particularmente relevante para el cuidado medioambiental y la preservación del patrimonio forestal de nuestro país".

Por ello, la FNE solicita que se aplique multas por 10.400 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a poco más de 6.240 millones de pesos: el total se desagrega en 6.000 UTA para Faasa, 3.000 UTA para Inaer, 1.100 UTA para Calquín y 150 UTA para cada uno de los ejecutivos acusados.

La investigación, derivada del "Cartel del Fuego"

Esta investigación inició en septiembre del 2017, como una arista de aquella que dio origen al requerimiento presentado 2018 por colusión en el mercado de aviones cisterna para el mismo fin -entre 2009 y 2015-, que involucraba a dos empresas, en las que también estaba Faasa, además de Martínez Ridao Chile Limitada, causa denominada en su momento como "cartel del fuego" y que se encuentra actualmente en tramitación ante el TDLC.

En base a las diligencias de esta nueva investigación, que incluyeron allanamientos en las oficinas de Calquín y Habock Aviation Chile SpA -que no fue acusada-, la FNE sostiene la existencia de dos acuerdos en este mercado.

En el primero de ellos, detalla la Fiscalía, participaron Faasa e Inaer entre 2006 y 2013: consistió en la afectación de distintos procesos de licitaciones mediante la distribución de sus ofertas bajo un criterio geográfico y determinación de los tipos de helicópteros, entre otros mecanismos, conductas que configuraron un "acuerdo único y continuo", mediante el cual "sustituyeron la incertidumbre propia del proceso competitivo por la cooperación en su actuar en el mercado".

Según la FNE, los principales ejecutivos en Chile de ambas compañías "facilitaron la coordinación anticompetitiva y la ejecución de los acuerdos": en las evidencias hay un cuaderno de notas incautado desde la oficina de Ricardo Pacheco, quien en el período fue gerente de operaciones y gerente general de Faasa; las páginas contienen anotaciones manuscritas que dan cuenta de la existencia de una planificación para repartir la provisión de distintas regiones entre las empresas licitantes.

En el segundo acuerdo, que afectó un proceso de contratación convocado por Conaf en 2014, nuevamente participó Faasa, junto a Calquín, también a través de sus ejecutivos: Pacheco, de la primera, y Rodrigo Lizasoaín, quien era entonces el principal ejecutivo de Calquín, tras haber ocupado el cargo de gerente general en Inaer entre 2006 y 2013, período del primer acuerdo acusado.

En este caso, explica la FNE, "se detectó evidencia de múltiples contactos sostenidos entre la fecha de apertura y cierre de presentación de ofertas, mediante los cuales Faasa y Calquín diseñaron una estrategia común a implementar en sus postulaciones".

Denunciante: Conaf es una máquina pagadora para amigotes

Rodrigo Reveco, rescatista y consultor en manejo de catástrofes y emergencias, fue quien denunció el "cartel del fuego" en 2017 y aseguró que Conaf debe dar cuentas de esta situación.

"Conaf es una máquina pagadora para amigotes, que está tremendamente bien montada y el tiempo me dio la razón. Cuando yo hice la denuncia todos me creían loco, hasta que se empezaron a contactar con la gente de España y se dieron cuenta que el tema era mucho más grave", dijo Reveco.

"Hoy día Conaf tiene que dar cuentas no muy alegres, tiene que transparentar los contratos, tiene que salir mucha gente de Conaf. Le han tratado de cambiar el nombre, pero sigue siendo el 'cartel del fuego', y siguen siendo las mismas empresas y el mismo carrusel. Aquí la Fiscalía tiene que ser implacable", añadió.

En tanto, el presidente del centro para la gestión de riesgos locales de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), el alcalde de Santa Cruz, Williams Arévalo, aseguró que esta situación ya la habían advertido.

"Nosotros, en cierta forma, advertimos esto a los medios de comunicación en su minuto, entendiendo que se nos hacía muy raro que empresas que ya teníamos informes en Europa con las emergencias, que habían existido este tipo de colusiones, en donde en Chile estaban operando estas empresas que estaba investigadas en Europa", dijo el jefe comunal.

El académico de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Escobar, comentó que "hay que comparar estas multas, principalmente por el daño causado, los contratos que se adjudicaron estas empresas están en torno a los 40 millones de dólares en el periodo 2006 a 2015".

"Si hay variaciones en las multas van a estar acordes a los daños y perjuicios generados. Si lo vemos en el caso de las licitaciones públicas es bastante recurrente esta situación y por lo tanto claramente Conaf le debe haber pagado sobreprecio por estos servicios", dijo.

"No solo daña a la institución, sino que daña a las arcas fiscales", manifestó el experto.

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