El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió al paso de la "tensión" que se vivió en una reunión que sostuvo con el Municipio de Santiago y algunos rectores de los liceos emblemáticos de la comuna el lunes pasado, en torno al alza de los hechos de violencia en esos establecimientos.
En la oportunidad, las autoridades y la comunidad escolar discutieron respecto a la entrega de antecedentes por parte de los establecimientos para dar con los responsables de delitos en ese contexto, y según La Tercera, algunos rectores plantearon que no son "sheriffs", y por tanto, no pueden entregar información judicial.
En contraste, la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago sostiene que ha colaborado y respondido a todos los oficios solicitados por la Fiscalía.
Al respecto, Monsalve manifestó que "el tema no es la tensión de una reunión. Somos personas adultas, tenemos opiniones distintas, las debatimos para ponernos de acuerdo, y lo que importa es que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo en medidas eficaces para que no haya delitos que se instalen en los establecimientos educacionales".
La autoridad enfatizó que estos liceos "están para proteger a los menores, para darles un servicio educacional, para desarrollar sus capacidades y no para que se instalen dentro de sus establecimientos prácticas delictivas que nada tienen que ver con los procesos educativos".
En cuanto al origen de la discordia, el general Enrique Monrás, director de Orden y Seguridad de Carabineros, admitió que los rectores "también tienen que tomar sus resguardos, y uno los entiende, pero desde una mirada legal tienen una obligación de entregar ciertos antecedentes".
"A través de su sistema jurídico tendrán que decir 'esta información que usted me está entregando o me está pidiendo, pídamela de esta otra manera, a través de un tribunal', y eso es así y todas las instituciones lo hacen, nosotros también lo hacemos", ejemplificó.
DEBATE POR "EFICACIA" DE AULA SEGURA
Después de que el Gobierno y el Municipio de Santiago fueran acusados de prescindir de la Ley de Aula Segura para perseguir a quienes generan disturbios en los liceos, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, comentó que las autoridades no pueden determinar si las normas se aplican o no.
La vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, replicó que "podemos discutir el mecanismo sobre Aula Segura, pero lo concreto es que hay que combatir la violencia y tener mano dura en torno al tema", al tiempo que reconoció que la norma hoy en día es "poco eficaz".
SE CRUZA CON PROBLEMÁTICA DE DESERCIÓN ESCOLAR
Este fenómeno también se cruza con otro que preocupa de igual manera: la deserción escolar, dado que más de 50.000 estudiantes abandonaron el sistema escolar del 2021 al 2022, y el ausentismo, ya que la asistencia promedio nacional acumulada entre marzo y septiembre de este año fue del 83%, 5,3 puntos porcentuales menos que en 2019, según datos del Mineduc.
El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, sostuvo que "el fondo de apoyo a la educación pública en el Presupuesto 2023 viene con un porcentaje mayor, lo que va a permitir pensar en acciones que permitan avanzar en equipos para que ayuden en la revinculación".
"Como he señalado en varias ocasiones, es un trabajo de una a uno, de ir a buscar a los estudiantes que están fuera de nuestro sistema educativo, traerlos a las escuelas, y combinarlo con el sistema de admisión escolar, que es fundamental", enfatizó.
Para combatir esta problemática, la cartera está impulsando medidas como reportes de asistencia y desvinculación, orientaciones a establecimientos y proyectos de formación docente, entre otros.
Una comuna donde ha habido problemas de asistencia tras el retorno a la presencialidad en los colegios es Providencia. Por ello, la alcaldesa Evelyn Matthei firmó un convenio con "una fundación que se especializa en estimular la asistencia de los niños, porque la asistencia al colegio les hace bien social y emocionalmente, también desde el aprendizaje y los prepara mucho mejor para la vida".
