La Superintendencia de Educación Superior volvió a pedir el cierre definitivo de la Universidad La República, tras ratificar el rechazo al plan de recuperación propuesto por la casa de estudios, cuya clausura determinada el año anterior fue anulada en abril último por la Corte Suprema, que estableció que "se quebrantó de manera flagrante el debido proceso".
Tras las Fiestas Patrias, el rector Fernando Lagos informó a la comunidad universitario que el regulador rechazó el Recurso de Revisión Extraordinario, mediante el que el plantel buscaba revertir la negativa al plan de recuperación.
Según El Mercurio, la Superintendencia remitió los antecedentes a la Subsecretaría de Educación Superior para el inicio de otro proceso de revocación del reconocimiento oficial, en el marco de la investigación inicial que constató una "grave crisis financiera, patrimonial y administrativa que hace inviable la continuidad de sus funciones y la entrega del servicio educativo".
"Hemos hecho llegar al Ministerio de Educación una serie de antecedentes que, a juicio de este órgano regulador, dan cuenta de numerosas y graves infracciones a los propios estatutos de la casa de estudios, situación que entendemos pone en serio riesgo el derecho a la educación de sus estudiantes", argumentó también el superintendente subrogante Gerardo Egaña.
El rector, por su parte, asegura que el plan cumple con las exigencias técnicas y que confía en un inversionista que ya cuenta con la calidad de "socio financiero" por parte de la universidad: "Son elementos esenciales que nos permiten confiar en que la opinión final de las autoridades será favorable para nuestra comunidad universitaria", afirmó, de acuerdo con el matutino.
Asimismo, Lagos manifestó que la solicitud de la Superintendencia "no nos sorprende", ya que "cometió ilegalidades que demostraron que su proceso infringió la ley", causando un "daño de manera arbitraria a nuestra comunidad" con decisiones que -fustigó- "más que proteger a sus integrantes terminando agravando la situación".
Los antecedentes están siendo analizados por el Mineduc "con detención dentro de los plazos establecidos por la ley", dijeron desde la Subsecretaría.
En paralelo, ayer miércoles el 4º Juzgado Civil de Santiago dejó sin efecto la liquidación forzosa pedida por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción contra el plantel universitario por una deuda de 60 millones de pesos.
