El conflicto judicial entre Recoleta y la empresa por un edificio es es tema incluso para diputados del PC y la UDI.
El edificio en pugna-
La "guerra" entre la Municipalidad de Recoleta y la Inmobiliaria Bellavista suma un nuevo capítulo, principalmente comunicacional, a raíz del edificio ubicado junto a la Universidad San Sebastián que, con 240 departamentos, permanece sin ser entregado desde el año 2013.
La administración de Jadue -alcalde desde 2012- ha argumentado ante la justicia que la torre inició su construcción con permisos de obra obtenidos ilegalmente, lo que no ha podido ser desmentido por la empresa en tribunales, recalca.
Ahora, la contraparte destacó que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago mantuvo al alcalde como imputado por prevaricación administrativa y negociación incompatible, cargos por los que pedirá su formalización.
El abogado de la Inmobiliaria Bellavista, Christián Espejo, militante UDI y ex mano derecha en Providencia de Cristián Labbé, acusó en Tele 13 que "han usado la municipalidad con actos administrativos simulados, para poder lograr su objetivo, que es no recibir (las obras)".
La noticia motivó reacciones inmediatas desde el Parlamento, de partidarios y detractores de la carta presidencial del PC, porque mientras la diputada Karol Cariola -también PC- destacó que el alcalde "lo único que ha hecho es defender a su comunidad", el UDI José Antonio Coloma consideró que el caso -que no tiene sentencia aún- deja a Jadue "sin idoneidad ética y moral para presentarse de candidato a cualquier cargo elección popular".
Jadue responde: Si me van a perseguir por combatir la corrupción, estoy totalmente disponible
"El viernes 2 de octubre de 2020 se realizó una audiencia ante el 4° Juzgado de Garantía sobre dos puntos: a) decretar, a petición del Ministerio Público y del alcalde Jadue el allanamiento de las oficinas de Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A., ya que llevan más de un año negándose a entregar las Actas de las Sesiones de Directorio y de Juntas de Accionistas de esa sociedad, en las que existen obviamente antecedentes que inculpan a la Inmobiliaria y a sus controladores, y b) Decretar el sobreseimiento definitivo del Alcalde Daniel Jadue, lo que obviamente supone que se hayan realizado todas las diligencias", explicó Recoleta en un comunicado.
La comuna enfatizó que "el tribunal le dio plazo hasta el 9 de octubre a la inmobiliaria para entregar los documentos que ha ocultado durante un año con versiones contradictorias y de no entregarlos, se ordenará el allanamiento de la inmobiliaria, por lo tanto el sobreseimiento deberá decretarse una vez concluyan las diligencias, entre ellas, que la inmobiliaria cumpla con lo ordenado de entregar los documentos que mantiene ocultos".
Para Recoleta, "esta arremetida comunicacional de la inmobiliaria se da luego de que el 8 de junio de 2020, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago resolviera que no existen incumplimientos por parte de la Municipalidad de Recoleta y que esta entidad sí se pronunció sobre los permisos de edificación, los cuales estarían caducos. Con este fallo quedó claro que la Municipalidad de Recoleta ha actuado en derecho y que el rechazo a la recepción final fue pronunciado en cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables a la obra".
"Siempre hay costos cuando se combate a la corrupción y se defienden los barrios del negocio de las inmobiliarias, sobretodo de aquellas que son capaces de hacer lo que sea para instalar sus negocios, pasando por encima de toda norma. Nosotros en Recoleta no estamos disponibles para aquello y llegaremos hasta las últimas consecuencias, porque es nuestro deber ético y jurídico. Si me van a perseguir por combatir la corrupción, estoy disponible", dijo el alcalde Daniel Jadue.
Además, apuntó al Ejecutivo, al asegurar que "esta inmobiliaria, que ha perdido innumerables juicios, está buscando leguleyas para hacer creer que el tema sigue vigente, han perdido todo y tendrán que demoler. Es tal su desesperación que el mismo Gobierno ha hecho de vocero de su negocio, lo cual es a todas luces una desproporción y una vergüenza para Chile".
