El periodista Mauricio Weibel aseguró en Cooperativa que aún no es posible conocer la magnitud total del fraude con dineros de la Ley Reservada del Cobre que se destapó al interior del Ejército, llamado también Milicogate, ni los involucrados en este hecho.
Weibel, quien ha seguido en profundidad el tema en The Clinic, dijo que "para poder entender la magnitud de los fondos, tenemos que entender de cuánto dinero estamos hablando. Entre el año 2000 y 2015 el Estado chileno destinó a compras de armas unos 20 mil millones dólares. Para que podamos entender qué significa eso, con esos recursos se pudo construir 30 hospitales, mil colegios de excelencia, las 35 mil casas que faltan en los campamentos del país y además financiar la reforma tributaria".
"De esos recursos, entre el 2010 y el 2014 hasta ahora se tiene la sospecha casi confirmada de que fueron defraudados unos 10 millones de dólares en unas 2.500 facturas que eran ideológicamente falsas o materialmente falsas- facturas que ni siquiera tenían el timbre del Ejército-, por lo tanto no sabemos todavía la magnitud total de la defraudación, del desfalco. Lo que se sabe es que ya son varios millones de dólares, al menos 10 millones de dólares", detalló el profesional en Lo Que Queda del Día.
El destino de los 2.400 millones
En conversación con Cooperativa, el presidente del Consejo del Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, abordó el Milicogate y señaló que "todavía no se ha encontrado por ninguna parte" cerca de 2.400 millones de pesos defraudados por los involucrados y que estos aseguran que se esfumaron, por ejemplo, en las manos del cabo Juan Carlos Cruz durante sus juegos en el casino Monticello.
"2.400 millones son bastantes años jugando en los tragamonedas", afirmó Piña, quien enfatizó que este hecho se debe investigar en todos los niveles posibles, no solamente los operativos.
Respecto de este dinero, Weibel detalló que "aquí habían muchos involucrados. Lo primero que hay que entender es que aquí no había algunos involucrados, aquí habían grupos involucrados. Eran tantos los recursos del cobre que se gastaban sin una supervisión civil, sin ninguna supervisión administrativa de fondo, que lo que ocurrió, aparentemente, es que habían distintos equipos defraudando y aparentemente estas personas se distribuían niveles de dineros bastante importantes, pero muchos lo hacían para vivir mejor".
"No sabemos todavía la magnitud total de la defraudación", en el Ejército, destacó Mauricio Weibel en Cooperativa. (Foto: Archivo Uno/Referencial)
"Supongamos que un cabo tiene un sueldo de 500 mil pesos, supongamos que ese cabo se aumenta en un millón del peso. En el fondo está viviendo, está viviendo bien, pero no alcanza, porque en seis años, ese sólo cabo, en cuatro o cinco años, son 100 millones de pesos, pero las sospechas son de muchas personas. Hoy día hay cinco detenidos, pero la lista de sospechosos y de probables detenidos no son cinco no más dentro de los militares, pero a eso hay que agregar las empresas proveedoras", añadió el periodista.
Weibel destacó que "hasta ahora hay seis empresas que están siendo investigadas, no obstante, en diciembre del año 2014 el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, envió un informe reservado al ministro del Interior de la época, Jorge Burgos, en que le da cuenta en que hay al menos siete empresas que han dado facturas no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Siete empresas que todavía no están siendo investigadas, entonces uno no sabe todavía cuál es la magnitud de la defraudación".
"Una situación de descontrol absoluto"
El periodista advirtió además que las empresas que participaron en la investigación, cuyos ejecutivos están confesos de los actos,siguen siendo proveedoras del Ejército, siguen ganando licitaciones y siguen recibiendo pago.
Entonces hay "una situación de descontrol absoluta", aseveró Weibel.
El investigador detalló además que no hubo fiscalización porque el 2012 el general Jorge Salas, que estaba a cargo de la unidad que giraba los pagos por la Ley Reservada del Cobre, da la orden "de no fiscalizar, de no revisar más las facturas, sino que simplemente darlas a pago".
"Ahí empiezan los problemas o se acentúan los problemas", sentenció el periodista.
