El Gobierno resolvió poner urgencia a la tramitación de un proyecto de ley ingresado al Congreso en diciembre pasado que regula los gastos reservados de las Fuerzas Armadas y que actualmente se radica en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Esta decisión se tomó tras la situación que afecta al ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, quien fue procesado por el delito de malversación de caudales públicos por la ministra en visita Romy Rutherford.
La propuesta establece que las distintas unidades operativas que reciban gastos reservados deben informar de forma completa y detallada sobre su uso a la autoridad política a cargo, ya que hasta ahora la rendición se realiza de forma interna en cada institución uniformada.
Desde la oposición, el diputado socialista Leonardo Soto comentó que "este proyecto es muy malo y tiene que ser mejorado sustantivamente, sin dudas el Gobierno tiene que abrirse a que su proyecto de control de gastos reservados incorpore a autoridades que no dependan del Poder Ejecutivo".
A juicio del parlamentario PS, el Gobierno "tiene que abrirse, al igual que como se hace en otras democracias del primer mundo, a que sea un poder distinto el que fiscalice a las Fuerzas Armadas, como por ejemplo, alguna comisión permanente del Senado o de la Cámara de Diputados".
En este mismo tema, se espera que en los próximos días el ministro de Defensa, Alberto Espina, se reúna con la ministra Rutherford para pedirle los antecedentes respecto a la investigación de gastos reservados.
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