El ex fiscal Carlos Gajardo cuestionó en Cooperativa el convenio firmado por la Fiscalía y la Conferencia Episcopal (CECh), que busca asegurar la colaboración en casos que involucren a religiosos, afirmando, incluso, que hay aspectos del texto que son ilegales.
Uno de los elementos más criticados del convenio dice relación con la entrega de información de investigaciones a los obispos: "El Ministerio Público mantendrá informada a la CECh del curso de las investigaciones que se refieran a estas materias".
"Todas esas cosas efectivamente parecen estar fuera de la ley", reaccionó Gajardo, asegurando que "lo que la ley establece es que las investigaciones que efectúa el Ministerio Público son reservadas y, por lo tanto, ninguna obligación tiene el Ministerio Público y, al revés, tiene una prohibición legal de entregar información respecto de esas investigaciones, sobre todo a terceros que no son parte de ellas".
"La Conferencia Episcopal de Chile no es parte de las investigaciones. Parte de las investigaciones pueden ser los imputados y, por lo tanto, el que la Fiscalía se comprometa mediante este convenio a efectuar ciertas entregas de informaciones, datos y momentos específicos es algo que me parece que la ley no permite", aseveró.
Convenio de colaboración firmado por la Fiscalía y la Conferencia Episcopal by Cooperativa.cl on Scribd
El ex persecutor también sostuvo que "me parece inconveniente que se haya suscrito un convenio entre la Fiscalía y la Conferencia Episcopal de Chile, que es justamente la asamblea de obispos, con el objeto -como se dice en el convenio- de efectuar 'intercambio de información', cosa que me parece también que es inadecuada".
"Lo que debe ocurrir justamente es que el Ministerio Público recopile la información, pero ninguna obligación tiene de estar intercambiando información con otro organismo", aseveró.
Por lo tanto, recalcó Gajardo, "hay una serie de hechos que a mí me parece que no fue una buena decisión la firma de este convenio y que, estéticamente además, se ve como una especie de lavado de imagen y por ello ha suscitado el comprensible repudio y preocupación de las víctimas de delitos sexuales".
Juan Carlos Cruz: El Ministerio Público y Abbott "son una vergüenza"
Mientras que Juan Carlos Cruz, denunciante de Fernando Karadima, calificó al Ministerio Público y al fiscal nacional, Jorge Abbott, como "una vergüenza" y acusó que el convenio sólo es para que los obispos "se cuiden las espaldas".
"Abusadores y encubridores tratados de forma diferente a la de todos los chilenos. Deberíamos estar muy enojados", aseveró el periodista en su cuenta de Twitter, compartiendo extractos del convenio.
Mientras que el abogado de la Fundación para la Confianza, Juan Pablo Hermosilla, explicó que no puede el investigador y el investigado ponerse en un plano de igualdad, por lo que pidió que el convenio sea dejado sin efecto.
"Me parece gravísimo lo que ha hecho el Ministerio Público, creo que es ilegal lo que ha hecho el Ministerio Público, creo que sobrepasa absolutamente las atribuciones que ellos tienen, pero, por sobre todo, ellos son un organismo de persecución penal. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Se va a organizar un convenio con la masonería? ¿Se hará un convenio con los jueces que pueden ser sospechosos de corrupción, con el Cartel de La Legua? Esto es absurdo", cuestionó.
"La Fiscalía se presta para limpiar imagen de la Iglesia"
A su vez, el vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, Helmut Kramer, expresó que el acuerdo los deja a ellos con "serias dudas ahora sobre el trabajo de la Fiscalía".
"No podemos mantener la misma confianza que manteníamos hasta hace unos días atrás en la Fiscalía al estar firmando estos acuerdos. La Fiscalía tiene todas las herramientas legales para allanar las dependencias de la Conferencia Episcopal y de cualquier organismo que esté dentro de Chile.
Incluso, sostuvo que les parece que "la Fiscalía se está prestando para limpiar la imagen de la Iglesia Católica y para montar un nuevo manto de protección".
La reacción del Ministerio Público
A través de un comunicado, la Fiscalía Nacional explicó bajo ninguna circunstancia ha declinado su compromiso y obligación legal de investigar y proteger a las víctimas con la máxima diligencia, incluso respecto de delitos que pudiesen estar prescritos.
También indicaron que se invitó a una reunión a la Fundación para la Confianza para aclarar cualquier duda sobre el acuerdo.
