Una denuncia formal ante la Comisión de Etica del Poder Judicial presentó el abogado Osvaldo Garrido en contra del funcionario del tribunal de menores de Castro Marcos Verdugo Oliva, quien fue condenado a 61 días de pena remitida por el asesinato de su esposa Francia Jara Peña en 2001.
El jurista, quien fue el primer marido de la víctima, calificó como "aberrante" que Verdugo Oliva, que ejerce como receptor judicial, permanezca en ese poder del Estado pese a haber sido encausado y condenado por el hecho.
Agregó que existen diversas irregularidades en el proceso de calificación del funcionario llevado a cabo en la Décima Región que mantuvo en su cargo al condenado y que permitió que fuera designado para trabajar en un tribunal de familia de Puerto Montt.
"El mató a la madre de mis hijos a través de un golpe (...) Esto es una burla para mis hijos. Voy a exigir justicia y al mismo tiempo una aberración para la sociedad chilena toda vez que es promovido el mismo funcionario al tribunal de familia", dijo el denunciante.
Garrido señaló que la investigación demostró fehacientemente que el condenado ejerció violencia intrafamiliar en contra de la víctima, pese a lo cual mantiene la tuición del hijo que se encontraba en gestación al momento de registrarse el asesinato.
La denuncia del abogado fue respaldad por la diputada Adriana Muñoz (PPD), quien afirmó que "no es posible que en los tribunales siga trabajando durante cuatro años un funcionario judicial procesado por un crimen ocasionado en violencia intrafamiliar".
"El está de vacaciones en estos momentos esperando a ser trasladado a los tribunales de familia", agregó la parlamentaria.
La mujer ingresó la madrugada del 24 de septiembre de 2001, con 32 semanas de embarazo, al Hospital de Castro afectada de fuertes dolores abdominales por lo que el equipo médico decidió realizarle una cesárea de urgencia que permitió salvar con vida al bebé.
Sin embargo, fue necesario intervenirla nuevamente por hemorragias y serias lesiones internas que finalmente le causaron la muerte. A pesar de la oposición de su esposo, se le practicó una autopsia, que indicó que como causa de muerte un hematoma retroperitoneal extenso, fractura de costillas izquierdas y discoagulopatía, además de extrañas lesiones en el cuero cabelludo.
Según los médicos que la atendieron, el hematoma tiene "un probable origen traumático", aunque el cuerpo no evidenciaba signos externos de violencia. Un informe posterior de la Policía de Investigaciones señala que el origen de la lesión es explicable por la acción de terceros.