El ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo (Partido Comunista), afirmó que, en opinión del Gobierno, la polémica resolución del juez de garantía Daniel Urrutia que permitía que peligrosos internos de la Cárcel de Alta Seguridad realizaran videollamadas "está al margen del derecho".
"Nosotros consideramos que la decisión del juez está al margen del derecho. Durante 2023 se aprobaron dos modificaciones al Código Penal muy importantes que establecen que el ingreso y la tenencia de teléfonos celulares no autorizados por Gendarmería de Chile al interior de los recintos penitenciarios es un delito", explicó el secretario de Estado en conversación con Cooperativa.
En ese sentido, Gajardo sostuvo que el régimen de máxima seguridad "no contempla la posibilidad de que los internos que se encuentran ahí tengan videollamadas con el exterior, sino que las visitas que ellos reciben se hacen sólo a través de locutorios y se encuentran debidamente monitorizadas, para evitar -precisamente- que las bandas criminales se sigan organizando desde la cárcel".
"Entonces, la decisión del juez Urrutia nos rompe uno de los pilares fundamentales que tiene una cárcel de máxima seguridad y, por lo mismo, como Gobierno la hemos encontrado gravísima y hemos apoyado la decisión de Gendarmería de recurrir a la resolución y de tomar todas las medidas para que quede sin efecto", enfatizó el ministro.
El titular subrogante de Justicia también se refirió a las facultades que tiene la institución penitenciaria para abordar estos casos y señaló que "nosotros consideramos que la legislación vigente le entrega las potestades a Gendarmería de Chile para establecer los regímenes penitenciarios".
"Eso significa que (Gendarmería) tiene las facultades para determinar regímenes de máxima seguridad, de alta seguridad, de media seguridad y de baja seguridad, según el tipo de compromiso delictual. Por lo tanto, consideramos que la resolución del juez se encuentra al margen de nuestro ordenamiento jurídico", reiteró Gajardo.
"LOS REOS MÁS PELIGROSOS"
Gajardo aseguró también que como Gobierno "hemos calificado que la decisión del juez Urrutia es gravísima, consideramos que esta decisión nos genera un problema muy relevante en el régimen de máxima seguridad, que es un régimen que tenemos que cuidar mucho precisamente porque en esa cárcel se encuentran recluidas las personas más peligrosas que tenemos en nuestro sistema penitenciario".
"En esa cárcel están los líderes de las bandas criminales, están las personas que han cometido los delitos más graves que tiene nuestro ordenamiento jurídico", puntualizó la autoridad.
Asimismo, alertó que "a las personas a las cuales se le otorgó esta posibilidad de comunicarse con el exterior a través de videollamadas, son personas que han cometido secuestros extorsivos, han cometido homicidios, han cometido tortura, han cometido el delito de mutilaciones y extorsiones".
JUEZ URRUTIA ARGUMENTÓ SU DECISIÓN ANTE LA CORTE DE APELACIONES
Luego de que Gendarmería presentara un recurso de protección para dejar sin efecto la polémica resolución, la Corte de Apelaciones solicitó -durante esta semana- un informe al juez Urrutia para resolver si correspondía mantener o modificar su autorización.
En esa línea, Urrutia citó normas de Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y Reglas Nelson Mandela, entre otras, las que "recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares", según consignó El Mercurio.
"Que el ejercicio de este derecho debe darse en condiciones de dignidad, privacidad, higiene y seguridad para ambas partes", argumentó Urrutia, y agregó que lo anterior "previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento".
Asimismo, el informe del juez complementó que "analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se adoptaron las autorizaciones".
HARBOE CUESTIONA "IMPLICANCIAS DE SEGURIDAD" EN LA RESOLUCIÓN
En declaraciones al mismo diario, el exsubsecretario del Interior en el Gobierno de Ricardo Lagos y exintegrante de la Cámara Alta Felipe Harboe opinó que la decisión del juez Urrutia "está dentro de sus facultades", pero es necesario aclarar si la adoptó por "error", "compromiso" o "amenazas".
Es "clave indagar las razones que tuvo en vista el juez, para saber si se trató de su convicción, un error, descriterio, o de una decisión que revele algún tipo de compromiso o (fue) tomada bajo amenaza", enfatizó Harboe.
La bullada decisión también fue analizada por el abogado penalista Juan Carlos Manríquez, quien señaló que "el juez estaba dentro del ámbito de su facultad interpretativa, sin embargo, había que ponderar hasta dónde llegaba la autorización en relación con la seguridad de la sociedad versus aquellos hechos por los cuales están siendo investigados o están en prisión, es lo que uno puede notar en falta":
"Vale decir, efectivamente estas personas tienen derecho a mantener relación con su familia, a la identificación familiar, comunicarse con sus maridos, con sus cónyuges, con sus hijos, eso es así, pero de todas maneras era razonable establecer filtros previos o limitaciones y eso se extraña tanto en la autorización como en el informe", advirtió el experto.
"LA RESOLUCIÓN ES PERFECTAMENTE LEGAL, PERO IMPOPULAR"
En tanto, el abogado de Urrutia, Carlos Quezada, defendió la decisión del juez y aseguró que este tipo de polémica se trata más de sacar dividendos políticos que problemas legales con respecto a la decisión.
"Si me preguntas bien cuál es la razón de la polémica, yo creo que la razón tiene que ver con tratar de sacar un dividendo político, que es lógico, los políticos necesariamente tienen que pagar una factura electoral. Necesitan los votos y este es un tema que da votos", analizó el jurista.
Por el contrario, indicó que "el Poder Judicial es un órgano independiente y necesariamente debe regirse por la legislación, por eso hace que la resolución del juez Urrutia sea aún más relevante, porque es legal, perfectamente correcta y concordante con un Estado de Derecho, pero probablemente a nivel de opinión pública es una elección impopular".
"Eso es justamente el objetivo del Poder Judicial, no tomar decisiones en base a niveles de popularidad en la opinión pública, sino que aplicando el derecho vigente", destacó el abogado.
De esta manera, Quezada expresó que tanto él como Urrutia esperan que la polémica no dure muchos días más, pero que esto sea un fuerte llamado a las autoridades políticas para analizar y pensar en el modelo que se quiere, además de definir una manera más específica lo que es la criminalidad especializada.
Desde el Congreso dicen que es un mal uso de la ley, mientras que desde la oposición piden la remoción del cargo.
