En el marco de la investigación por el caso de Gustavo Gatica, joven que perdió la vista tras ser impactado por perdigones en una manifestación, la defensa del coronel de Carabineros Santiago Saldivia pidió que el uniformado sea citado a declarar durante diciembre, realizando críticas al rol de la PDI y de Fiscalía.
Según publicó La Tercera, Saldivia era el jefe directo del comandante Claudio Crespo, quien fue formalizado por los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2019.
El abogado Jorge Martínez aseguró que la Fiscalía Centro Norte, a través de Ximena Chong, "se ha constituido sin competencia legal alguna en fiscal ad-hoc de supuestos delitos de lesa humanidad".
"La referida fiscal ha demostrado en diversas actuaciones judiciales, eventos académicos y en redes sociales su animosidad en contra de la institución de Carabineros, perdiendo así toda objetividad como fiscal de la República, principio que debe estar siempre presente en las actuaciones de los fiscales del Ministerio Público. Esto se ha acentuado en las distintas causas investigadas por esta fiscal y queda en evidencia aún más en el caso del cabo Zamora ocurrido en el Puente Pio Nono", manifestó.
Junto a esto, la defensa también alude a una "falta de imparcialidad en las investigaciones" llevadas a cabo por la Policía de Investigaciones, "especialmente a través del Subcomisario Cristián Lizama, que data de los eventos ocurridos en Plaza Ñuñoa, quién en sus informes en diversas causas contra Carabineros ha manifestado una odiosidad y sesgo respecto del personal de esta institución".
"Es sabido que la fiscal Chong pretende construir a través de estas investigaciones la doctrina de la diligencia debida que es aplicada por la Corte Penal Internacional y el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos (...) y para ello busca elaborar lo que se denomina la doctrina penal internacional 'la responsabilidad del mando' por acción u omisión en esta clase de delitos internacionales", plantea.
Sin embargo, Martínez recalca que "los hechos que se investigan en Chile constituyen cuestiones propias del ejercicio legítimo del orden público que debe cautelar Carabineros a través del uso de la fuerza que le ha entregado el Estado (...) no hay en la ejecución del orden público delito alguno de lesa humanidad o crimen internacional como pretende establecer la Fiscalía de Alta Complejidad".
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