El Tribunal Oral en lo Penal dictó veredicto condenatorio contra los hermanos Antihuén Santi y un cuarto imputado por el homicidio de tres carabineros en Cañete, en abril de 2024 y que conmocionó al país por su brutalidad.
La Fiscalía solicitó presidio perpetuo calificado y la sentencia será dada a conocer el próximo 26 de marzo.
En el Diario de Cooperativa, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, afirmó que el ataque fue "ejecutado de manera rápida, pero con coordinación y planificación previa, con un estudio del lugar", y sostuvo que se trató de "un crimen de odio", dirigido contra funcionarios de Carabineros en el día de su aniversario institucional.
A juicio del Ministerio Público, el objetivo fue atacar a funcionarios policiales "por ser tales", en una señal de desafío al Estado.
Garrido reconoció que uno de los aspectos más complejos fue enfrentar las expectativas de las víctimas y sus familias. "Nosotros no podemos asegurar un resultado, pero sí demostrar que estamos plenamente comprometidos y haciendo todo lo que está a nuestro alcance", sostuvo. Y valoró el trabajo conjunto del OS-9 de Carabineros, el Laboratorio de Criminalística y la coordinación entre equipos del Biobío y La Araucanía.
Respecto de las pruebas, el fiscal subrayó que, aunque no existe un registro audiovisual directo del crimen, el tribunal valoró un conjunto de evidencias concordantes.
Entre ellas, destacó las pericias balísticas (que permitieron vincular armamento utilizado en el ataque con otros delitos), los peritajes de ADN, la georreferenciación telefónica y el hallazgo de armas e implementos de las víctimas en poder o en las inmediaciones de los acusados.
"Se trata de superar la ausencia de una grabación con otros elementos que solo permiten arribar a una conclusión", afirmó.
Consultado por la motivación, Garrido sostuvo que hubo una intención de "demostrar poder atacando a funcionarios del Estado" y que, si bien existen antecedentes de que algunos imputados pudieron participar anteriormente en acciones vinculadas a grupos radicales, en este caso "no actuaron orgánicamente bajo una estructura específica".
Además, advirtió que "en la zona es frecuente que acusados por delitos comunes intenten revestir sus actos de una supuesta motivación política como forma de justificación".
Finalmente, ante la posibilidad de recursos de nulidad por parte de las defensas, el fiscal aseguró que "el proceso se desarrolló respetando estrictamente las garantías legales" y con autorizaciones judiciales en cada diligencia que lo requería.
"La contundencia del veredicto nos da tranquilidad", señaló, a la espera de la sentencia.
