Al igual que ayer, al menos el comienzo de esta nueva jornada de la formalización de cargos por la trama de la "muñeca bielorrusa", ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, estuvo marcado por críticas al trabajo del Ministerio Público por parte de las defensas.
En la sesión anterior, acusaron un actuar desprolijo de la Fiscalía, entre otras cosas, por alegar un supuesto intento por obstruir la investigación de Mario Vargas, y por basar -a su juicio- en "conjeturas" la orden de detención contra Eduardo Lagos.
Los puntos cuestionados se centraron en un departamento de la exministra de la Suprema Ángela Vivanco cerca de la oficina de los abogados, lo que, según las defensas, justificaría su presencia reiterada en el sector, y una compra de 20 mil dólares realizada por Gonzalo Migueles, que explicaría la posterior venta de 15 mil 600 dólares que la Fiscalía atribuye a una coima.
Al retomar la audiencia este miércoles, la Fiscalía se hizo cargo de estas objeciones en una réplica que se extendió por dos horas. Respecto al departamento, el Ministerio Público presentó declaraciones de un conserje y del administrador del edificio. Ambos afirmaron que la exmagistrada no ha visitado el inmueble desde que dejó de vivir allí hace cerca de tres o cuatro años y que, además, no participa en las reuniones del comité, las cuales se realizan de forma remota vía Zoom.
En cuanto al dinero de Migueles, la Fiscalía consultó al Banco BCI, que confirmó que los fondos de la compra de 20 mil dólares no son los mismos que los 15 mil 600 de la venta cuestionada. Según la información bancaria, la primera suma se gastó previamente en el pago de tarjetas de crédito, invalidando la explicación de las defensas de que el dinero era preexistente.
Durante su intervención, el fiscal adjunto de los Lagos, Marco Muñoz, también abordó directamente la acusación de haber faltado al principio de objetividad y de actuar con "visión de túnel".
"Quisiera explicar, hacerme cargo, porque en esta investigación por delitos relacionados activos, que he tenido algunas, hay diligencias que se postergan y se dejan para un momento preciso determinado, porque justamente el sigilo con el que se investiga es clave para el de ciertas diligencias", argumentó el persecutor, justificando por qué aún no se han tomado declaraciones a ciertas personas.
"Se habló de los conserjes, se habló del chófer, se habló de ministros, se habló de personas que no se le había tomado declaración. Ciertamente es el momento de abordar eso, pero quiero explicar el motivo del por qué no se han hecho. No es una arbitrariedad, no es una incompletitud; al contrario, tiene una explicación razonable en función de una lógica de investigación", añadió el fiscal.
Defensas acusan diligencias en paralelo
Los representantes de los tres implicados en el caso de corrupción judicial aseguraron que durante el martes, el ente persecutor realizó diligencias en paralelo a la formalización, específicamente, tomando declaración a cerca de siete testigos.
"Según el Código Procesal Penal, si esto no se frena, si esto no se ordena, estamos en condiciones de solicitar un sobreseímiento temporal por distracción de garantías, porque se está afectando el derecho a defensa", arguyó José Luis Andrés, abogado de Eduardo Lagos.
El jurista puntualizó que "hay filtraciones, se está afectando la imparcialidad, y todos los testigos -que vienen en el informe que genera este debate- dicen que no conocen a la señora (Ángela) Vivanco ni al señor (Gonzalo) Migueles, pero que por la prensa sí".
Para estar en igualdad de condiciones, Andrés pidió que el Ministerio Público les entregue todos los informes de las diligencias ya hechas y las que se van a realizar, a lo que el fiscal adjunto Marco Muñoz respondió: "En el transcurso de esta discusión me llegaron dos informes policiales, y los vamos a poner a disposición de la defensa".
"Estamos cargando todos los antecedentes en la carpeta (...) y se están entregando a las defensas", aseveró el persecutor.
La dura crítica de la jueza a la Fiscalía
En vista de esta nueva revelación, las defensas solicitaron impedir que el Ministerio Público utilice estos hallazgos en las réplicas, que comienzan en horas de la tarde, pero el tribunal se negó.
Sin embargo, y en una línea similar a los cuestionamientos que manifestó ayer, la jueza Michelle Ibacache admitió que, en su opinión, la Fiscalía está vulnerando el principio de objetividad en su investigación.
"Entiende esta juez que la cautela de garantías se cumple con el hecho de que el Ministerio Público les entregara (a las defensas) estas diligencias ayer, a las 16:00 horas, y con darles un tiempo para analizar esa prueba, incluso que usted (abogado) solicite diligencias que sean posibles, y digan relación con los hechos que está alegando para que el Ministerio Público las realice", comenzó la reflexión de la magistrada.
Con todo, "entiende esta juez que al día de hoy, se ha vulnerado el principio base que debe tener el órgano persecutor, que es el principio de objetividad".
Los alegatos de la defensa de Migueles
Resuelta la controversia, tomó la palabra la defensa de Gonzalo Migueles, a cargo de Patricio Vergara, quien refutó la comisión del delito de lavado de activos, apuntando a que su representado compró legalmente 20 mil dólares en enero de 2023, lo que puede explicar los montos que, según la Fiscalía, mantuvo moviendo las supuestas coimas.
Respecto del presunto cohecho, el abogado señaló que Migueles no es ni ha sido funcionario público, por lo que "la calificación jurídica que se le atribuye no se ajusta a derecho" y, en consecuencia, "no podría tener las graves penas que carga un funcionario público". Asimismo, indicó que quien supuestamente recibió estos fondos, Ángela Vivanco, no es parte de la formalización, por lo que hay un vacío en el relato del ente persecutor.
Tras la audiencia, Vergara explicó ante la prensa "la dificultad que representa para nosotros que se esté hablando de la señora Vivanco sin que ella se pueda defender. Eso genera un flanco. Yo no soy abogado de ella y se ha hablado y ella ha ocupado un porcentaje muy importante dentro de la audiencia de formalización".
Vivanco no se encuentra entre los formalizados debido a que, al ejercer su cargo de ministra de la Corte Suprema en el tiempo de los hechos, la Fiscalía debe primero aprobar un recurso de querella de capítulos en su contra—similar al desafuero de autoridades políticas—que debe ser revisado por la Corte de Apelaciones y, eventualmente, la Corte Suprema. Solo de aprobarse, el Ministerio Público podrá formalizar a la exministra con medidas cautelares.
Así las cosas, es probable que mañana también se fijen medidas cautelares, cuando la Fiscalía ha solicitado enviar a prisión preventiva a los tres acusados por esta causa.
