En el Séptimo Juzgado de Garantía se desarrolla este lunes la tercera jornada de formalización en contra de los cinco imputados del denominado caso ProCultura, indagatoria relacionada con el traspaso de más de 1.600 millones de pesos desde el GORE Metropolitano a la ONG del mismo nombre.
El principal imputado es el director ejecutivo de ProCultura, Alberto Larraín, junto con sus colaboradores María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno, y Gabriel Prado.
A todos ellos la Fiscalía les imputa haber desempeñado roles en el esquema que se adjudicó el millonario monto, sin que la fundación tuviera ninguna calificación y lo hiciera "a dedo".
En esta jornada, el ente persecutor acusó que ProCultura recibió los fondos en una sola cuota -lo que es considerado irregular- y que, después, los acusados los invirtieron en fondos mutuos para dar rentabilidad a la fundación, como pagar sueldos, arriendos y contratar nuevas personas, en vez de ejecutar el programa de prevención del suicidio "Quédate".
Asimismo, leyó chats de los imputados que expondrían las acciones que se les acusan; leyó extractos de declaraciones de la carpeta investigativa; y mostró un video del acto donde se oficializó el bullado convenio de adjudicación.
De los imputados, Prado ya quedó sujeto a las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras que a los cuatro restantes el Ministerio Público pide la prisión preventiva en su contra.
Defensa de Larraín cuestiona si él era un funcionario público al momento de los hechos
Desde la defensa de Alberto Larraín, sin embargo, hay cuestionamientos sobre la tipificación penal que se le intenta asignar por parte del Ministerio Público, ya que -afirma- aún está en debate si Larraín era o no un funcionario público; requisito fundamental para que se configure un delito de fraude al Fisco.
"Lo que dice el ente persecutor es que el intraneus -el formalizado que no está hoy, pero que se trata del 90% de su imputación- comete fraude al Fisco bajo administración desleal. Por lo tanto, Larraín, como tenía esa figura, (se pregunta) si él es partícipe en ese supuesto hecho", dijo el defensor Cristán Arias.
"Pero al mismo tiempo la Fiscalía dice al tribunal 'mire, si no me cree que es funcionario público -porque es evidente que no lo es-, bueno, entonces comete estafa'", fustigó el letrado.
El intraneus al que se refiere Arias es el gobernador metropolitano Claudio Orrego, que está ausente en la formalización porque aún no ha sido desaforado. En este contexto, la Fiscalía lo acusa de permitir, en la entrega de fondos, el saltarse filtros -como concursos públicos- e incluso facilitar que la póliza del seguro que respaldó el traspaso del dinero se pague en ocho pólizas distintas y no en una.
Por su parte, el abogado Pablo Toloza, representante de la UDI como querellante en el caso, detalló que "estos delitos de fraude al fisco, en su variante de corrupción, se encuentran además regulados no solo en nuestro Código Penal, sino que también en legislaciones internacionales, está el Pacto de las Naciones Unidas contra la Corrupción, porque la sociedad en su conjunto, los países, han estimado que delitos de este tipo van en contra de bienes jurídicos protegidos más allá del patrimonio fiscal, está en juego la fe pública".
