El informe reveló fallas en los procesos de contratación de distintas instituciones estatales, situación que resultó en la apertura de procedimientos disciplinarios y exigencias de cumplimiento por parte del ente fiscalizador.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó 35 casos de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad que ejercieron funciones públicas durante 2025. Así lo informó el organismo fiscalizador en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 19.
Según el informe, durante 2025 se identificaron 35 casos de personas con prohibición absoluta para desempeñar labores con niños, niñas y adolescentes que fueron contratadas por instituciones públicas en funciones que implicaban contacto directo y habitual con menores, incumpliendo la normativa vigente y comprometiendo la protección de sus derechos fundamentales.
El CIC también advierte que, entre 2020 y agosto de 2025, se registró un total de 164 casos de personas inhabilitadas para trabajar con menores que ejercieron cargos con este tipo de contacto. En ese lapso, 72 instituciones estatales contrataron personal que se encontraba legalmente impedido para desempeñar dichas funciones.
La normativa establecida en los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal contempla la inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para ejercer funciones con menores de edad a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales. Esta prohibición debe ser verificada obligatoriamente por las instituciones públicas antes de cualquier contratación.
En este contexto, la Contraloría indicó que las entidades involucradas "deberán dar cumplimiento inmediato a la normativa citada", considerando la Ley N.º 18.575, respecto de las remuneraciones pagadas a las personas inhabilitadas como de las responsabilidades administrativas de quienes intervinieron en sus nombramientos.
Además, el organismo instruyó iniciar los procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Ambas acciones deberán ser informadas a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas, en un máximo de cinco días hábiles.
