La Contraloría General de la República determinó que existieron irregularidades en la contratación del exfiscal Manuel Guerra como asesor en la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO) y en la Municipalidad de Providencia.
Según el informe del organismo, basado en antecedentes publicados por La Tercera, la participación del ex persecutor generó un posible conflicto de interés y los informes que presentó no justifican los pagos recibidos por asesorías.
En diciembre de 2020, Guerra anunció su salida del Ministerio Público de Chile, donde se desempeñaba como fiscal en la Fiscalía Metropolitana Oriente. En ese momento señaló que evaluaba trabajar en la Universidad San Sebastián o en la AMSZO.
El mismo día en que dejó el Ministerio Público comenzó a trabajar a honorarios tanto en la AMSZO —integrada por las municipalidades de Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes— como en Providencia. Entre sus funciones estaba elaborar análisis jurídicos y, en el caso de la asociación municipal, implementar una especie de "fiscalía" para apoyar a vecinos del sector, con labores previstas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre.
Según información de T13, estos hechos ocurrieron antes de que se conocieran los vínculos de Guerra con el abogado Luis Hermosilla, situación que derivó en su imputación por los delitos de cohecho y violación de secreto.
Su formalización está prevista para marzo, luego de que la Corte Suprema de Chile aprobara una querella de capítulos en su contra.
Las dudas sobre su contratación motivaron a los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, junto a la exconcejala de Las Condes Isidora Alcalde, a solicitar un informe a Contraloría. El documento, emitido el 20 de febrero, concluyó que la contratación y el trabajo del exfiscal no se ajustaron a la ley.
El informe fue firmado por el contralor subrogante Víctor Hugo Merino y señala que la contratación de Guerra en la AMSZO se concretó un día antes de su renuncia al Ministerio Público.
Además, se recuerda que la Municipalidad de Vitacura presentó en agosto de 2021 una querella en su contra por violación de secreto, vinculada a presuntos delitos en el Consejo Local de Deportes y en las organizaciones Vitasalud y Vitadeportes.
Por ello, la Contraloría concluyó que las circunstancias del caso "pudieron configurar un conflicto de interés", por lo que la AMSZO deberá abstenerse de contratar a honorarios a personas que puedan encontrarse en situaciones contrarias al principio de probidad administrativa.
Aunque Guerra renunció a la asociación en septiembre de 2021, recibió un pago bruto de 3.389.831 de pesos, establecido en un convenio que señalaba que la remuneración se pagaría "a todo evento", independientemente de las prestaciones ejecutadas.
El organismo objetó esa práctica y sostuvo que el pago solo puede efectuarse si existe una ejecución efectiva de las tareas encomendadas.
Cuestionamientos en Providencia
En el caso de la Municipalidad de Providencia, la Contraloría también cuestionó la contratación de Guerra, aunque no por conflicto de interés, sino por la naturaleza del trabajo realizado y los pagos asociados.
El exfiscal fue contratado para elaborar un análisis jurídico sobre modificaciones legales relacionadas con responsabilidad funcionaria municipal y probidad administrativa, por un monto total de 11.299.435 de pesos.
Sin embargo, el organismo detectó deficiencias importantes en los informes entregados. Según detalló, varios documentos consistían principalmente en reproducciones literales de normas legales.
En agosto, seis de doce páginas eran transcripciones de normas; en septiembre, tres de veinte páginas describían direcciones municipales y doce replicaban preceptos legales; en octubre el informe tenía solo cuatro páginas; en noviembre, once de quince páginas correspondían a artículos del Código Penal; y en diciembre el documento tenía menos de ocho páginas.
Por ello, el ente fiscalizador concluyó que el monto total pagado por el municipio "no se condice con una eficiente e idónea administración de los medios públicos".
Tras estas observaciones, el organismo ordenó a la Municipalidad de Providencia iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
