El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, señaló que una eventual rebaja del 50 por ciento de las remuneraciones en el Poder Judicial "significa atentar contra la independencia de los jueces".
El pleno extraordinario del máximo tribunal discutió este jueves el proyecto aprobado ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara, que también plantea la reducción de la dieta parlamentaria y de salarios dentro de otros organismos del Estado.
En el caso de los magistrados de la Suprema, la remuneración bordea los nueve millones de pesos, y al reducirse a la mitad, sería similar a la que recibe un juez de garantía.
Por tanto, el vocero del máximo tribunal señaló que "una baja de este tipo significa atentar contra la independencia de los jueces y atentar contra la inamovilidad de los jueces".
"Están sometidos entonces a una situación de contingencia que los aleja de sus funciones y eventualmente puede obligarlos a encontrar otras actividades de orden privado (...) Estamos confiados en que no sea así, pero puede suceder que en algunos casos se abran puertas para situaciones indebidas", explicó Cisternas.
La situación llevó a que el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Hernán Larraín, aclarara no comparte ni apoya la rebaja de los sueldos de los jueces, propuesta por diputados de Chile Vamos.
En conversación con Cooperativa, el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, planteó que, en el caso de los jefes comunales, rebajar los sueldos de cargos de elección popular "implicaría la ilegalidad de que va a haber funcionarios que van a ganar más que el propio alcalde y eso está prohibido".
"Está bien ponerse en función de lo que la gente reclama y exige, pero quienes más responsabilidad tienen son los diputados", señaló la autoridad local.
Los reparos de magistrados y secretarios civiles
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, pidió detallar el alcance de la rebaja de los salarios al interior del Poder Judicial, ya que "la indicación parlamentaria no tiene claridad sobre ese punto, y es uno de los temas que también nos mantiene alertas y preocupados".
Piñeiro acotó que la propuesta "habla de autoridades, y lamentablemente ni la propia ley ni la Constitución señala quiénes son las autoridades del Poder Judicial, por lo tanto, hay que entrar a interpretar aquella indicación, y no tenemos hoy día claridad de a quiénes va a afectar".
En tanto, jueces y secretarios civiles señalaron en una carta pública que su remuneración debe ser acorde a la responsabilidad del cargo, que ha sido resultado de una política de Estado de larga data.
Asimismo, reiteran la exclusividad del ejercicio de su profesión, y señalan que de aprobarse esta reforma, resultaría atentatoria a sus derechos.
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