El presidente de la Conferencia Episcopal cree que la fijación de un plazo para finalizar los sumarios no constituye un punto final.
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, calificó como un "camino positivo" la decisión de fijar un plazo de seis meses para el cierre de sumarios de los juicios sobre violaciones a los derechos humanos, recalcando que inclusive los inculpados tienen derecho a una administración de justicia oportuna y en un plazo razonable.
"Todo camino que signifique apurar estos procesos y resolverlos de la manera más justa y más adecuada es positivo, por lo tanto lo que ha propuesto la Corte Suprema me parece que es un paso positivo y en cuanto yo he podido leer creo que no significa una ley de punto final sino un esfuerzo por querer acelerar procesos que llevan mucho tiempo y que traen mucho dolor a todos los sectores de la comunidad nacional", señaló el obispo de Rancagua en entrevista con El Diario de Cooperativa.
El prelado recalcó que "los culpables también tienen derechos. En estos días hemos visto hechos muy dramáticos y a veces olvidamos que los seres que eventualmente tienen una responsabilidad en hechos, en este caso de derechos humanos, o de abuso de menores, como ha ocurrido y la opinión pública conoce, es también importante recordar que los culpables tienen derechos, ser culpable no significa en modo alguno ser sometido al escarnio público", dijo en alusión al suicidio del coronel (r) Germán Barriga.
Este ex uniformado, procesado en el caso Conferencia, dejó una carta en la explicaba que tomaría la drástica decisión por motivado por la prolongación del proceso y las contramanifestaciones de las que había sido objeto por parte de familiares de víctimas de la dictadura.
A juicio de Goic, las "llamadas funas a mí me parece que llevan al escarnio público, y me parece que no es el camino adecuado para resolver los problemas", por lo que aplaude la opción de la Suprema de dar un trato preferente de las causas de derechos humanos.
"Es necesario una dosis de perdón"
El obispo cree que el "drama profundo todo lo que nos ocurrió fue la ruptura institucional (...) y sin duda alguna, cuando se rompe la institución del país, se producen hechos arbitrarios como los que nosotros hemos conocido en la historia reciente de Chile".
"Por eso a mí me parece que, más allá de los legítimos juicios y procesos y todas estas leyes lo que tenemos que hacer es cuidar profundamente nuestra democracia, que en definitiva es la mejor forma que los seres humanos tienen para vivir civilizadamente. Por eso yo haría un llamado a que trabajemos por consolidar la democracia y que tengamos una actitud de profundo respeto a los que piensan diferente, porque un país tenemos que construirlo (entre) todos", indicó.
"Creo que la ruptura institucional de un país llevó a lo que nos llevó, a una violación sistemática de los derechos humanos. Es algo que yo me permito señalar en un país mayoritariamente cristiano: verdad sí, justicia sí, pero también yo siento que es necesario una dosis de perdón, en un país donde el noventa por ciento nos declaramos cristianos católicos, cristianos evangélicos, tenemos que hacer un esfuerzo de aportar algo propio y específico del evangelio como es la capacidad de tener misericordia", afirmó.
"Yo no niego que los tribunales tienen que hacer su tarea y buscar la mejor verdad posible, la mejor justicia posible, pero eso no será suficiente si queremos vivir en un país reconciliado", explicó.
El martes último la Corte Suprema ordenó a los jueces que investigan crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura, el cierre de sumarios en un plazo de seis meses, argumentando que la medida pretende agilizar la tramitación de los procesos.
El alto tribunal sostuvo que este hecho no redundará en una ley de punto final, ya que los juicios podrán ser reabiertos si alguna de las partes estima que existen diligencias pendientes.
