Las exautoridades fueron condenadas a 270 días de presidio, sin embargo, obtuvieron la remisión de la pena.
El Juzgado de Garantía de Puerto Varas condenó a dos exconcejales de la comuna a dos penas de 270 días de presidio como autores de los delitos consumados de obtención fraudulenta de prestaciones del fisco y falso testimonio ante la Contraloría, en un caso ocurrido entre diciembre de 2015 y enero de 2016.
La jueza Danae Fuentes condenó además a Héctor Jacob y Luis Guzmán a la accesoria legal de suspensión de cargos u oficios públicos durante el tiempo de las condenas, más el pago de dos multas de 10 UTM (630 mil pesos), por cada delito y las costas de la causa.
El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que a fines de 2015 los entonces concejales de Puerto gestionaron ante el municipio su designación en comisión de servicio a la ciudad de Arica, con el fin de participar en un curso, lo que fue autorizado por decreto alcaldicio.
Bajo el concepto de anticipo de viáticos y fondos fijos a rendir, se hicieron efectivos los pagos a través de cheques cobrados por los imputados.
A pesar de no haber gestionado la inscripción requerida para participar en el mencionado curso, los imputados -junto a una funcionaria municipal- viajaron el 5 de diciembre desde Puerto Varas en un vehículo particular arrendando y arribaron a Arica el 7 de diciembre.
Al día siguiente, los tres viajaron a Tacna, Perú, regresando a Chile esa misma noche. Posteriormente, ambos concejales asistieron en calidad de oyentes por un breve lapso al curso que se realizaba en el Hotel Amaru, tras lo cual regresaron a Puerto Varas.
El fallo ratificó que ambos imputados utilizaron los dineros municipales "en actividades personales y que no se encontraban comprendidas en dicha comisión, verificándose además que dicha comisión nunca se concretó, ni realizó en los términos en que había sido solicitada por los requeridos y autorizada por la entidad edilicia".
Ello, agregó la sentencia, ocasionó "un perjuicio para las arcas municipales" por 1.465.462 pesos por viáticos y fondos fijos por rendir.
El tribunal tuvo por establecido que en las declaraciones entregadas por ambos concejales, el 19 de enero ante el funcionario fiscalizador bajo promesa de decir la verdad, declararon falsamente que la funcionaria municipal a honorarios Marisela Urrea no viajó junto a ellos en diciembre de 2015 en la comisión de servicio a la ciudad de Arica, entregando con sus testimonios "una versión destinada a tergiversar y ocultar la realidad de los hechos".
A ello se suma que aportaron antecedentes falsos sobre su participación en el curso, al señalar haber asistido el 9 de diciembre de 2015, no obstante, conforme a registros del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, ese día se encontraban fuera del territorio nacional, regresando al país por el paso fronterizo Chacalluta provenientes de Tacna, "realizando una acción deliberada para tergiversar y ocultar la realidad de los hechos".
El tribunal determinó, finalmente, aplicar la remisión condicional de la pena por el plazo de un año, periodo en el que deberán cumplir con la firma mensual en Gendarmería.
