El administrador de la fundación y el exseremi deberán cumplir con las cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional.
Se tomó en cuenta su colaboración en el proceso y su conducta penal a la hora de tomar la decisión.
La Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva decretada contra los imputados por el caso Democracia Viva: el administrador de la fundación, Daniel Andrade, y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.
La decisión fue tomada teniendo en cuenta los nuevos antecedentes entregados por las defensas, las declaraciones de ambos imputados, su conducta penal y la colaboración que han prestado durante el proceso.
De esta manera, los imputados por tres delitos de fraude al fisco deberán cumplir con las cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional.
Jaime Rojas, presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sostuvo que "la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional y de ultima ratio y que se justifica cuando las demás medidas cautelares no resultan suficientes a propósito de asegurar la persecución penal, y la sala señaló que al día de hoy la medida cautelar de prisión preventiva resultaba desproporcionada".
Por su parte, el fiscal regional Juan Castro Bekios precisó que "se continúa investigando y si durante el curso de la investigación existen antecedentes que permitan modificar la cautelar para imponer una más gravosa que la que quedó fijada en esta oportunidad por la ilustrísima Corte de Apelaciones, efectivamente el Ministerio Público puede solicitar la modificación de la medida cautelar y volver a solicitar la prisión preventiva".
Tras conocer esta decisión, la diputada Camila Flores (RN) aseveró que "preocupa que Daniel Andrade y Carlos Contreras estén con esta rebaja en sus cautelares porque no sabemos lo que puedan hacer a propósito de estar ya fuera de prisión".
"Estamos hablando de personas que cometieron delitos graves y lo más importante es que ellos y todas las autoridades implicadas en esto colaboren para que los que tienen responsabilidad penal paguen, pero además aquellos que están hoy día con cargos de importancia en el mundo político y que hasta el minuto no han sido requeridos con sanciones ni tampoco con medidas cautelares y que están ocupando cargos de real importancia", agregó.
La parlamentaria sostuvo que "me refiero particularmente al caso de Miguel Crispi, quien es el jefe del segundo piso de los asesores del Presidente de la República, nada más ni nada menos. Él ya yo creo que ante los ojos de todo Chile ha quedado de manifiesto que ha mentido, que hay incongruencias a la hora de sus declaraciones y no ha sido en ningún caso considerado con medidas cautelares como si debiesen serlo, al igual que Andrade y Contreras".
"Ahora que avanza la investigación llegó el momento de que caigan los verdaderos peces gordos, los que idearon el denominado caso convenios del Frente Amplio. Y al mismo tiempo que la Fiscalía pueda recuperar la plata, hay muchos millones que estas personas se robaron y que merecen devolverle a nuestro país", planteó el diputado Juan Antonio Coloma (UDI).
Desde RD, su presidente Diego Vela expresó que "desde Revolución Democrática hemos dicho en todo momento que no toleraremos ni impunidad, ni corrupción, por eso hemos colaborado proactivamente con la justicia y el Ministerio Público, buscando que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades".
"Esperamos que con las nuevas medidas cautelares la justicia pueda seguir avanzando con celeridad, justamente para determinar quiénes son responsables y para que se puedan ejercer las penas, pero por sobre todo para reconstruir las confianzas con la ciudadanía y la fe pública", añadió.
El diputado Raúl Soto (PPD) aseveró que "es una mala señal la revocación de la prisión preventiva para personas vinculadas a casos de corrupción como el caso convenios. No hay que dejar ningún espacio para la impunidad, debe caerles el máximo rigor de la ley a aquellos que se hicieron ilegítimamente de recursos que iban a los sectores más vulnerables de nuestro país, en eso no podemos tener doble. Y si bien el Poder Judicial es autónomo, no compartimos su decisión".
