Dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Tomás Gray y José Pablo Rodríguez, dejaron constancia de tener vínculos previos con Manuel Guerra, justo después de que ayer la Séptima Sala, integrada precisamente por estos magistrados, aplazara la revisión de una querella de capítulos en contra del exfiscal.
Esta revelación, que ha llamado la atención de expertos y de la parte querellante, ocurrió en el marco de un proceso penal donde la Fiscalía busca formalizar al otrora persecutor regional de la Región Metropolitana Oriente (2015-2021) por varios delitos, después de que se descubriera que supuestamente favoreció al abogado Luis Hermosilla en diferentes causas, incluidas gestiones irregulares en el caso Penta.
En el caso de Gray, el vínculo se remonta a 2017, cuando se contactó con el entonces fiscal para solicitarle ayuda en el proceso de elaboración de una terna, mientras postulaba al cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Si bien este proceso le fue favorable y juró como magistrado ese mismo año, se desconoce si la intervención de Guerra fue determinante o si se materializó una injerencia directa en el resultado.
Por su parte, Rodríguez también intentó obtener ayuda del persecutor en su carrera judicial. En 2022, se contactó en dos ocasiones con él para pedirle gestiones que le permitiesen quedar en la terna para ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Aunque ese intento particular no fue fructífero, un año después, en 2023, Rodríguez juró como magistrado de la Corte de Santiago.
Lo que ha generado mayor controversia es que esta constancia de vínculos no se hizo de manera previa a la citación de la Séptima Sala, sino justo después de que la audiencia fuera suspendida y reprogramada para la próxima semana. Esta tardía revelación por parte de los magistrados ha sido observada con atención por diversos expertos en derecho.
La abogada querellante María Inés Horvitz manifestó que "esto indica que pueden haber otros ministros comprometidos o comprometida su imparcialidad en relación al señor Guera".
"A nosotros nos parece que debieran declararse expresamente estas inhabilidades a los efectos de poder ejercer las acciones correspondientes", añadió.
Los querellantes afirmaron además que si los jueces continúan integrando esta sala cuando se revise el recurso pendiente, previsto para la próxima semana, pedirán su recusación.
Investigación disciplinaria
Con el nuevo código de ética que aprobó hace algunas semanas la Corte Suprema, esta situación es al menos cuestionable y podría ameritar una investigación, según sostuvo el experto en derecho penal y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego.
"Si uno lee el código de ética judicial, recientemente aprobado por la Corte Suprema, es claro que ellos tenían dos obligaciones o dos posibilidades. Una era transparentar para que las partes ejercieran sus facultades de recusarlos probablemente, o la otra era derechamente inhabilitarse".
A su juicio, al ocultarlo, "significa una vulneración a lo que el propio Poder Judicial considera la ética básica del comportamiento de un juez, y por lo tanto, en mi opinión, debería dar lugar a una investigación disciplinaria".
