La fundación de Daniel Andrade (ex-RD) tiene hasta este lunes para restituir los 391 millones que determinó la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Se trata del caso que hizo estallar, hace exactamente dos meses, el escándalo por las transferencias de platas de reparticiones públicas a organizaciones.
Este lunes vence el plazo para que la fundación Democracia Viva restituya los 391 millones de pesos que la Seremi de Vivienda de Antofagasta determinó, tras poner término anticipado a los tres convenios que habían suscrito por 426 millones de pesos.
Los montos que debe devolver la organización, ligada a ahora exmilitantes de Revolución Democrática -principal partido del gobernante Frente Amplio-, equivalen al 92% de las platas que le habían sido transferidas desde la referida Secretaría Regional Ministerial.
Democracia Viva, que sostiene que tendría que restituir 294 millones, ingresó recursos en las últimas semanas planteando su "disconformidad con las observaciones planteadas respecto de las rendiciones de los convenios"; sin embargo, los últimos fueron rechazados a inicios de este mes.
Desde que la Seremi dictó la resolución y ordenó la liquidación de los contratos, el pasado 14 de julio, la fundación tenía un plazo de 30 días para reintegrar los dineros.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, recordó que "la Seremi de Vivienda requirió al Consejo de Defensa del Estado que los fondos que estaban en las cuentas corriente de Democracia Viva tuvieran prohibición de celebrar actos de contrato y, en consecuencia, fueran reintegrados. Esa resolución fue favorable, esa medida se decretó".
Por ende, "si Democracia Viva no quiere reintegrar los fondos faltantes, que son los que está objetando, las acciones civiles y penales del Ejecutivo serán muy claras; como ha dicho el ministro (de Vivienda, Carlos) Montes, el resguardo del último peso transferido será, si no lo hacen convenientemente, con las acciones civiles y penales que corresponden, advirtió.
Este lunes, además, se cumplen dos meses desde que estalló el caso convenios, sobre transferencias irregulares de recursos fiscales por parte de reparticiones públicas a organizaciones, que tuvo origen ante la opinión pública, precisamente, tras revelarse los tratos entre la Seremi del Minvu de Antofagasta y Democracia Viva.
