Drago Marín es acusado por defraudaciones valoradas en 140 millones de pesos.
El sujeto quedó con arresto domiciliario.
El ex administrador del edificio de la Intendencia de Valparaíso, Drago Marín, fue formalizado por delitos tributarios, por hechos ocurridos entre los años 2012 y 2014 y que fue desvinculado en enero de este año de su cargo.
Según la Fiscalía, entre estos hechos está la omisión de sus declaraciones de renta de manera reitarada, además de la subdeclaración de impuestos en el periodo citado.
Uno de los aspectos que llamaron la atención fue que él fabricaba facturas falsas en su propio computador y que luego presentaba ante los servicios públicos.
"Facturas todas falsas, que estaban fuera del rango de timbraje del Servicio de Impuestos Internos (SII) y por lo tanto no habían sido autorizadas", dijo el fiscal Claudio Reveco.
"Estas facturas eran confeccionadas en formato PDF por el mismo imputado, simulando la emisión de una factura regular, esto le permitía ante el consejo de administración justificar el pago de los gastos comunes que luego él desviaba", añadió el persecutor.
Los montos defraudados llegan a más de 140 millones de pesos.
El abogado querellante del SII Daniel Gómez afirmó que "luego de un proceso de revisión del organismo se constató que había determinados ítems que se repetían mes a mes como el cobro del agua y la luz, cuestión que no es posible, por lo que se somete a la revisión de los gastos comunes a la administración y se constata que había incurrido en delitos tributarios".
Además, el sujeto tampoco declaraba sus impuestos, pese a que recibía 10 millones de pesos mensuales por sus servicios.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) también presentó una querella, como lo explicó el abogado Javier Rojas, quien afirmó que eventualmente "hay un perjuicio para el Fisco, por eso decidimos querellarnos,".
"Además por la apropiación indebida de los montos de consumos básicos, luz, agua, ascensores, que se le pagaba por los servicios públicos que representamos como Consejo de Defensa del Estado y él se apropiaba de esos montos", añadió el abogado Rojas.
Luego de su formalización el tribunal decretó su arresto domiciliario, pese a que el Ministerio Público pedía su prisión preventiva, por los próximos 4 meses, mientras se desarrolle la investigación.
