El acuerdo, por 900 millones de pesos de indemnización, incluye el compromiso de Chilquinta y GasValpo para revisar y modernizar sus instalaciones.
El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso dictó el sobreseimiento definitivo del caso de la tragedia de Calle Serrano, luego que las empresas responsables y los familiares de las víctimas acordaran el pago de 900 millones de pesos como indemnización, a cancelarse en los próximos días.
Los familiares de las cuatro víctimas fatales del incendio ocurrido el 3 de febrero de 2007 se mostraron satisfechos con el acuerdo al señalar que lograron, al incluir entre las condiciones la revisión de los ductos subterráneos de Valparaíso, sentar las bases para que la situación no se repita.
El mencionado apartado, que completa el pago de la indemnización, obliga a las empresas a revisar y modernizar sus instalaciones, por un costo de varios millones de dólares en un plazo de tres años y cuyo detalle ya fue entregado a la Intendencia de Valparaíso y la municipalidad.
El plan establece que Chilquinta entubará el 25 por ciento restante de su red eléctrica y GasValpo recubrirá la totalidad de sus ductos subterráneos.
El abogado de esta última empresa, Juan Carlos Manrique, señaló que "por el interés de las víctimas y de la ciudad, estamos muy satisfechos de que se haya aplicado la ley y dictado un sobreseimiento definitivo y total, para que las víctimas puedan comenzar a recibir sus reparaciones".
Aspectos pendientes
El acuerdo logrado no dejó contentas, sin embargo, a todas las partes, ya que locatarios de la mencionada vía reclaman no haber sido incluidos en la demanda.
Al respecto, el fiscal Pablo Gómez explicó que las instancias legales son diferentes.
"Entiendo su molestia, pero ellos tienen que entender que el Ministerio Público no tiene facultades para atenderlos a ellos como víctimas civiles. Ellos tienen que reclamar ante el Juzgado Civil. Nosotros quisiéramos ayudarlos pero no tenemos las facultades legales para intervenir", dijo.
Por otra parte, en la resolución emitida por el juez de garantía Fernando Vergara se desagregó el caso presentado por el abogado Javier Rojas Mery, quien representa a los propietarios de tres de los seis edificios siniestrados, para que sean considerados víctimas penales, lo que se zanjará en una nueva audiencia, el próximo 6 de marzo. (Cooperativa.cl)
