Los afectados por los daños materiales de la explosión de febrero de 2007 no están de acuerdo con el procedimiento de la Fiscalía, que los excluyó del acuerdo reparatorio.
Los propietarios de tres edificios de calle Serrano y los locatarios de confecciones PyT, donde se registró la explosión del 3 de febrero de 2007, presentaron una apelación al sobreseimiento definitivo del caso y a la desagregación de sus casos a la acción penal que persigue el Ministerio Público.
A juicio del abogado que representa a los afectados, Gualdo del Villar, con la explosión se configuran los delitos de daños y estragos, porque se destruyeron las propiedades de sus defendidos.
Mientras, el fiscal Pablo Gómez señaló que no existe dolo que de sustento a estos delitos; pero Del Villar insistió en que eso debe discutirse, tras una investigación y un juicio para sus defendidos.
"Nosotros no compartimos de ninguna manera el procedimiento que utilizó el Ministerio Público. Entendemos que ha dado las más amplias facultades a las empresas querelladas, ha citado a formalizar y en el mismo acto ha obtenido un acuerdo reparatorio parcial, se ha indemnizado a cuatro víctimas y pensamos que hay decenas de víctimas, se ha pagado sólo a ellas y se ha cerrado la investigación. Pensamos que la investigación debe continuar", explicó Del Villar.
Esta acción será analizada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y de ser aceptada dejará sin efecto la audiencia programada para el próximo 5 de marzo, en que se revisará en detalle los méritos de esta causa.
Por su parte, el fiscal Pablo Gómez, quien se opone a incluir como acciones penales los daños de los propietarios, esgrimió que los abogados buscan ahorrarse una acción civil que podría dilatar la situación de sus causas por un plazo de 10 años. (Cooperativa.cl)
