El organismo liderado por Juan Peribonio acogió la solicitud del ministro de Justicia, Luis Cordero.
El tribunal estudiará siete de los 13 beneficios dados por el Mandatario en la víspera de Año Nuevo, incluido el caso del exfrentista Jorge Mateluna.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió este martes, a través de su Consejo Pleno, asumir el patrocinio y representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en relación al otorgamiento de los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric a finales de diciembre, que actualmente están en revisión en el Tribunal Constitucional (TC).
El organismo liderado por Juan Peribonio informó a través de un comunicado que, "conforme con su obligación legal de defender a los órganos centralizados del Estado", acogió un requerimiento realizado por el ministro Luis Cordero Vega, que pidió "defender la potestad constitucional del Presidente de la República en cuanto a su facultad para otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley".
"Al CDE le corresponde defender a los órganos centralizados del Estado, como es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que no tienen personalidad jurídica para comparecer ante los tribunales en procedimientos contenciosos de esta naturaleza", especificó la entidad.
De acuerdo a lo anterior, la representación se traducirá en que el CDE comparecerá a los alegatos correspondientes ante el TC, haciendo presente los argumentos jurídicos contenidos en los informes que ya presentó el ministerio ante el órgano jurisdiccional.
En enero pasado un grupo de parlamentarios de oposición ingresó un requerimiento ante el tribunal para impugnar siete de los 13 beneficios dados por el Presidente Boric: los casos de seis condenados por delitos cometidos en el estallido social y el de Jorge Mateluna, un antiguo miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en el que acusan que hubo presunta desviación de poder.
Se trata de la primera vez en la historia que el TC revise este tipo de beneficios.
La decisión del Mandatario anunciada el 30 de diciembre generó una crisis política sin parangón, que le costó el cargo a la ya exministra de Justicia Marcela Ríos y a uno de los principales asesores de Boric, Matías Meza-Lopehandía.
También provocó que varias formaciones políticas se levantaran de la mesa de negociación en el Congreso para un acuerdo de seguridad, uno de los principales proyectos del Ejecutivo.
El 26 de enero, el ministro Cordero señaló que los indultos se encuentran dentro de la legalidad y que el Gobierno los defenderá: "Vamos a defender en tribunales los actos y sus expedientes de acuerdo a las reglas vigentes, pero también a las prácticas institucionales y a la jurisprudencia previa que ha existido en estos temas", dijo.
