Las fiscalías de Chile y de Bolivia suscribieron un inédito acuerdo este miércoles, que habilitará la creación del primer Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con miras a enfrentar coordinadamente el crimen organizado internacional, en especial frente al despliegue de células del Tren de Aragua en ambos países.
El fiscal nacional (s) Juan Agustín Meléndez, así como el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, y la fiscal superior del Estado Plurinacional de Bolivia, Elizabeth Viveros, firmaron este compromiso para establecer una unidad integrada por persecutores, policías y autoridades pertenecientes a los dos estados, publicó La Tercera PM.
Esta herramienta -contemplada en varios convenios internacionales suscritos por Chile, como los de Palermo y Nassau- facilita la cooperación entre dos o más países al momento de abrir investigaciones penales conjuntas en torno a un caso que afecta a uno o a todos los estados participantes.
"La conformación del ECI Chile-Bolivia se fundamenta en investigaciones en curso en ambos países relacionadas con las figuras delictivas de tráfico de drogas, asociación ilícita para delinquir, tráfico de migrantes, trata de personas, secuestro, homicidio y tenencia de armas de fuego, entre otras en las que ha operado el Tren de Aragua", explicó el fiscal Meléndez.
"COOPERACIÓN REAL Y EFECTIVA"
La ventaja de esta instancia es que posibilita el intercambio de información en forma "ágil y oportuna" mediante un proceso de asistencia mutua formal, que luego pasará válidamente a formar parte de los respectivos procesos penales de cada país. Así, toda la información y evidencia que produzca el ECI -sea documental o de diligencias operativas en territorio boliviano o chileno- podrá usarse como prueba en los procesos penales que sigan adelante.
"El Ministerio Público de Chile actúa bajo el convencimiento de que organizaciones criminales de este tipo son transnacionales, por lo que es fundamental impulsar una real y efectiva cooperación entre las distintas fiscalías de la región. Que se materialice la creación de equipos conjuntos de investigación es prueba de ello, pues el objetivo es identificar integrantes, recabar evidencias y determinar los lugares de operación, con miras a que los antecedentes que reúnan sean de utilidad para ambas entidades persecutoras", recalcó el fiscal nacional (s).
A su juicio, "la materialización de este convenio bilateral es un claro ejemplo del ánimo decidido del Ministerio Público por combatir el crimen organizado y avanzar en la comprensión de este fenómeno criminal, frente al cual es indispensable tener como eje la cooperación y coordinación internacional, tal como quedó plasmado en la Política Nacional contra el Crimen Organizado", presentada por el Gobierno esta misma semana, que destaca como línea de acción "la necesaria coordinación entre países limítrofes".
En ese sentido, el persecutor complementó que el acuerdo está abierto para que se integren otros ministerios públicos de la región si el curso de las indagaciones así lo amerita.
