El Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió querellarse contra el suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, en el marco de la investigación penal que lleva el Ministerio Público en su contra a raíz de las denuncias cruzadas con su subordinado el también suspendido fiscal Sergio Moya.
Los consejeros determinaron el pasado 11 de junio presentar el libelo contra Arias por los delitos de violación de secreto y por los artículos 2 y 4 de la Ley 19.223, que apunta al ingreso del persecutor al sistema informático de la Fiscalía para obtener antecedentes sobre un familiar en una causa por tráfico de drogas -actuación que forma parte de la denuncia de Moya que originó el conflicto-.
La presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, explicó que "existían apariencias de delitos y, por lo tanto, se adoptó el acuerdo de presentar querellas".
"Estamos estudiando los antecedentes, no puedo entregar mayores datos al respecto, pero próximamente, una vez que afinemos los datos, vamos a presentar la querella y ahí podrán tener conocimiento", apuntó la autoridad, aunque reiteró que "la decisión está tomada por la gravedad de los hechos".
CDE representará a fiscal Palma contra Moya
El CDE también decidió que representará al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, frente al recurso de protección presentado por Moya –declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Rancagua-, en el que cuestiona el allanamiento que se realizó en su casa el pasado 8 de mayo en el marco de la investigación por la manipulación de pruebas en torno a la Operación Huracán.
En el registro policial –ordenado por Palma- en la casa de Moya, se constató que mantenía evidencias de la causa contra los jueces de Rancagua que están investigados por corrupción –por lo que también está sumariado y que derivó en su suspensión-, además de unos "lentes espías", aparatos que simulan ser anteojos ópticos pero que sirven para grabar conversaciones.
Sobre esta situación, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, comentó que "al menos en lo personal, recibí un correo en su momento cuando se incautaron esas evidencias respecto de él y que la razón que me planteó (Moya) en ese momento era que las evidencias estaban ahí para ser trasladadas por él a la Fiscalía Sur".
"Desconozco desde cuando estaban ahí en su domicilio, pero sí aclarar que tenemos reglamentos sobre mantención de evidencia y cadena de evidencia y las evidencias tienen que estar en las salas de custodia correspondientes, con los registros en las cadenas de custodia correspondientes tanto del ingreso como de la salida de la evidencia y no deberían estar en este caso en un domicilio en particular", sostuvo.
Barros está a cargo de la indagatoria contra los jueces de la Corte de Rancagua, y este lunes asistió a la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, mientras que con su equipo investigativo ha tomado declaración como testigos e imputados a distintos funcionarios del tribunal en los últimos días.
