La Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público reiteró su advertencia por la falta de persecutores para llevar adelante las causas tras el prolongado aumento de los delitos violentos a nivel nacional.
El gremio estimó que, en promedio, debería haber 1.250 causas por funcionario al año, por lo que faltarían unos 300 fiscales para llegar a este promedio. "Existe una evidente sobrecarga y están completamente sobrepasados en cuanto a la capacidad para investigar de manera pronta, oportuna y eficaz, en casos vinculados especialmente al crimen organizado", señaló el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo.
"Pero además, en el caso del crimen organizado, hemos planteado la necesidad de crear o de estudiar la posibilidad de crear una 'Fiscalía Supraterritorial' que aborde este tema como un fenómeno en su conjunto, más que particularmente caso a caso. De esta manera, se estima que podemos hacer más eficiente en desbaratar las bandas criminales y entregar a la ciudadanía la necesaria seguridad a la que todos aspiramos", agregó el líder gremial.
Desde el Ministerio Público, el fiscal nacional, Jorge Abbott, afirmó que "hay fiscales y tenemos unidades especializadas que se dedican precisamente a la investigación de organizaciones criminales, particularmente tenemos las unidades de análisis criminal y foco".
Finalmente, esta jornada se dio a conocer que el fiscal regional de la Región de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, asumirá como fiscal nacional subrogante a partir del próximo 1 de octubre, luego que Abbott se retire por cumplir la edad límite para ejercer el cargo.
Cabe señalar que para el nombramiento definitivo de fiscal nacional, la Corte Suprema llamará a concurso para conocer a quien sucederá a Abbott en el cargo.
LA VISIÓN DE EXPERTOS
Para el experto en seguridad pública Jorge Araya, "claramente hay que hacer un plan, que está vigente, de fortalecimiento del Ministerio Público, que se supone que existe pero ha ido avanzando muy lentamente".
El especialista señaló que la crisis que enfrentan los persecutores "se ve, por ejemplo, en la cantidad de archivos provisionales: más del 60% de los delitos van a archivo provisional, que significa no investiga, que no se judicialice el tema, y simplemente, en la medida que ellos ven que no hay testigos ni antecedentes, el caso queda archivado y se produce una gran impunidad".
"¿Por qué vienen las organizaciones criminales de toda Latinoamérica a Chile? Porque somos un país que tiene una justicia garantista para el delincuente, con medidas alternativas, de pasar las penas en las casas aunque sean delitos violentos", planteó el experto en seguridad pública Sydney Houston.
"Ese es un tema que hay que solucionar. Después de ello hablemos de más fiscales, pero tiene que estar toda la prevención puesta en el Estado", añadió el especialista.
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