Los presos podrán acceder a la libertad tras comprometerse a renunciar al uso de la violencia, y estarán sometidos a arraigo y al régimen de libertad vigilada, durante cinco años.
El Senado aprobó por 26 votos a favor, 15 en contra y tres abstenciones el proyecto de ley que concede el indulto a los denominados "presos políticos" por delitos cometidos entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998.
La iniciativa establece una condena única de 10 años para quienes hayan cometido delitos de asociación ilícita, porte de armas y contra la ley de seguridad interior del Estado en este periodo.
Como los llamados "presos políticos" llevan en su gran mayoría más de una década tras las rejas de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago, quedarán en libertad tras cumplir con condiciones especiales.
Estas consisten en que deberán acreditar una solicitud dirigida al Ministerio de Justicia donde expresen "un compromiso inequívoco de renuncia al uso de la violencia".
Asimismo, propone un plazo de 30 días para que el tribunal resuelva sobre la petición de indulto y se establece que los beneficiarios de esta ley quedarán sujetos al arraigo (no podrán salir del país) y al régimen de libertad vigilada por un lapso de cinco años desde que hayan cumplido la condena.
Además, el proyecto propone que los beneficios estarán sujetos a la condición de que "no reincidan en delitos sancionados por las leyes terroristas, de control de armas o delitos comunes que tengan asignada una pena a partir de cinco años y un día, durante el tiempo que reste para el cumplimiento de sus condenas".
