El defensor nacional público, Rodrigo Quintana, destacó que una de las "grandes virtudes" del nuevo sistema procesal penal que estará vigente en todo el país en junio del próximo año es que "se hace imposible la intervención de personas que hagan el trabajo de otros".
Así, queda descartado que se repitan casos como el denunciado por el asesor judicial José Yévenes Araya que redactaba resoluciones judiciales para tribunales de Santiago.
"En la medida que todo se desarrolle en audiencias orales, donde los jueces tienen que resolver de inmediato y donde además queda muy clara la actividad de los abogados, qué es lo que hacen y quiénes son los que hacen el trabajo, la posibilidad de delegar en terceros parte del trabajo de los funcionarios públicos forman parte de este sistema prácticamente desaparece", indicó Quintana en diálogo con El Diario de Cooperativa.
En cuanto al trabajo de la Defensoría Pública en la aplicación de la reforma en Santiago, destacó que se tomará lo bueno que ha dejado la experiencia en las otras 12 regiones del país, lo que sumarán las mejoras en "otras áreas que hay que fortalecer, como todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la capacitación de los funcionarios policiales que tienen un rol muy importante en este proceso, lo que tiene que ver con la difusión a la gente respecto de en qué consiste este nuevo sistema".
"La postergación de la reforma inicialmente programada para diciembre de este año- fue en ese sentido una buena decisión, porque efectivamente el nuevo sistema tiene un fuerte impacto en las policías, porque se requiere de más actividad de las policías y de su presencia en diversos espacios. Y particularmente en el (Servicio) Médico Legal por todo el rol que ellos tienen".
"Por tanto, yo creo que con la postergación de la reforma y con los incrementos de presupuestos que se han dado tanto para las policías como para el (Servicio) Médico Legal, nosotros esperamos que estén efectivamente a punto cuando en junio del próximo año", recalcó.
Quintana recalcó, finalmente, que el nuevos sistema terminará con los beneficios implícitos en el antiguo sistema para quienes pueden costear mejores abogados, ya que el 96 por ciento de las personas que atiende su repartición son personas de muy bajos ingresos, menores, en promedio, a los 111.000 pesos mensuales.