El organismo consideró que el alcalde puede ser querellado en la pugna por una torre sin recepción de obras.
La comuna recordó que el caso ya tuvo un cierre judicial, cuando el Ministerio Público desechó los cargos.
La torre de Dardignac 44 es considerada por la municipalidad "un edificio ilegal".
Interminable parece ser la palabra que mejor describe la pugna legal entre la Municipalidad de Recoleta y la Inmobiliaria Bellavista, a raíz del complejo de edificios levantado en el bohemio barrio, una de cuyas torres no tiene recepción de obras, está desocupada y con orden de demoler los pisos que la comuna calificó como ilegales.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, puede ser acusado penalmente en el caso de los edificios de Bellavista, como espera la empresa Desarrollo Inmobiliaria Bellavista, por los delitos de prevaricación y negociación incompatible por tráfico de influencias.
La firma acusa que el jefe comunal "le ha negado insistentemente desde 2013 la recepción de una de las torres del proyecto emplazado en la comuna, pese a los contundentes fallos de la Corte Suprema que lo han obligado a ello".
Así, el TC acogió el reclamo de inconstitucionalidad de la inmobiliaria, luego de que la Fiscalía decidiera no perseverar en la causa por la querella presentada contra Jadue ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.
Recoleta, en tanto, argumenta que su "batalla contra la corrupción" ya está zanjada, desde noviembre de 2020, cuando el fiscal Jaime Retamal comunicó el cierre de la investigación y solicitó al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia para informar de la decisión de no perseverar en causa, por –asegura un comunicado- "no haberse reunido los antecedentes suficientes para fundar una acusación en contra del alcalde de Recoleta".
"La decisión del Ministerio Público de no perseverar ratifica que las acciones emanadas desde el municipio, en relación al caso del conjunto Armónico Bellavista, se han ajustado a derecho. A pesar de la contundencia de la resolución del Ministerio Público, el ex concejal UDI Mauricio Smok solicitó el forzamiento de la acusación, que había sido rechazada previamente por el tribunal y que hoy, en votación dividida, el Tribunal Constitucional plantea posible", agregó la municipalidad.
Para la alcaldía, "estamos frente a una reacción de quienes han usado la corrupción como una vía de negocio sin siquiera sopesar el daño que generan a los barrios sus construcciones que no cumplen con las normativas vigentes y que los tribunales han dejado absolutamente claro".
La inmobiliaria acusa "desidia" de la Fiscalía frente a la querella, presentada en 2017 y que busca dejar sin efecto los decretos de demolición.
