La jornada del domingo estuvo marcada por una masiva manifestación en Plaza Baquedano en el primer aniversario del estallido social, pero también por una serie de graves hechos violentos en la capital, principalmente la quema de dos templos religiosos: la Parroquia de la Asunción y la Iglesia San Francisco de Borja -perteneciente a Carabineros-.
La investigación por ambos ataques la asumió el persecutor José Morales, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien mandató la realización de diligencias al OS-9 de Carabineros para encontrar a los responsables.
De acuerdo con los primeros peritajes y análisis de desplazamientos registrados en diversas cámaras, quienes estarían detrás de acciones de violencia son personas que presentan "conductas antisociales" con anterioridad, ya que al cotejar imágenes de archivo con las de ese día se encontró ciertas coincidencias respecto a vestimentas y otras características físicas, publica hoy El Mercurio.
En un número importante de imágenes, tanto de las registradas en diversas jornadas de manifestaciones y hechos vandálicos como las del domingo, los investigadores establecen preliminarmente que "los desplazamientos no son al azar": desde su perspectiva, mantienen un "orden" e incluso "liderazgos" de ciertas personas que guían las acciones grupales.
Asimismo, un perfil sicológico elaborado por la policía señala que el comportamiento delictual de estos sujetos está determinado por distintos factores, pero los que más inciden son factores "psicosociales" y de pertenencia a grupos "anómicos y asistémicos", que no respetan normas sociales y se consideran fuera del sistema.
Con todo, las diligencias advierten que ha habido "una organización distinta" y un desplazamiento que responde a una planificación en hechos de violencia, a diferencia de lo visto en la primera etapa del estallido social, donde había sujetos que actuaban "espontáneamente" siguiendo a otros "con un patrón de imitación".
Por ello, los peritajes del OS-9 hablan que los ataques a ambas iglesias, que representaron "íconos de la institucionalidad", pueden haber estado planeados con anterioridad.
El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte del caso con dos querellas por el delito de incendio calificado, que fueron declaradas admisibles por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En ellas insta a identificar a los responsables y también busca determinar el perjuicio a las arcas fiscales que provocaron estos incendios, según el matutino.
