La Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh) señaló que "las justas y legítimas demandas" que dieron origen al denominado estallido el 18 de octubre de 2019 siguen plenamente vigentes un año después del inicio de la crisis, la peor desde el término de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y, por lo tanto, "el conflicto social aún no ha concluido".
A través de un comunicado, la Cchdh afirmó que "la grosera desigualdad, el abuso institucionalizado, el descrédito y falta de legitimidad de las instituciones políticas y la mantención de un modelo de sociedad impuesto durante 30 años, que niega los derechos humanos más elementales como la salud, la educación, la seguridad social, el trabajo digno y una remuneración justa, entre otros, son condiciones objetivas del descontento social que no han sido resueltas y encaradas debidamente por el sistema político actual".
En esa línea, la Comisión sostuvo que el Gobierno de Sebastián Piñera, "en vez de atender y escuchar la exigencia mayoritaria de los chilenos expresada a través del legítimo ejercicio de la protesta social, de un modo pacífico y multitudinario, ha optado por defender el statu quo a través de la aplicación de una política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos, que ha provocado muertes, torturas, lesionados, muchas de ellas constitutivas de crímenes contra la Humanidad, descritos y sancionados en la Ley 20.357, normativa fundante de nuestra querellas".
CASOS DE DDHH
Al respecto, la Cchdh recordó que "hasta el 15 de junio pasado, según el Ministerio Público,las denuncias por violaciones de DD.HH. ascendían a 8.510, pero sólo 800 se han traducido en querellas. Sumado a esto, la Fiscalía ha registrado más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes además de, al menos, 70 delitos de carácter sexual cometidos por agentes del Estado".
"El Gobierno, en tanto, ha presentado 1.914 acciones judiciales contra 3.274 personas detenidas en el marco de las manifestaciones", señaló.
En este contexto, el organismo denunció "la mantención de 497 presos políticos, privados de libertad con dudosas pruebas y con clara vulneración de sus derechos y garantías procesales como la presunción de inocencia y el principio de derechos humanos referido a que la prisión preventiva no debe ser la regla general, aparece como otra forma de inhibir y neutralizar la protesta social".
Al mismo tiempo, aseveró que la aprobación de ley N° 21.208 "Antibarricadas" y la decisión del Gobierno de poner suma urgencia a la Ley de Inteligencia y sobre Infraestructura Critica, que incorporan a las Fuerzas Armadas en el control del orden público, y la compra de más y modernos equipos para las fuerzas policiales, "confirman la voluntad del Gobierno de enfrentar la grave crisis social aumentando la represión, desoyendo las recomendaciones de los organismos internacionales".
Por otro lado, expuso que la pandemia "no hizo sino develar con toda su crudeza la incapacidad del sistema y la falta de voluntad del Gobierno de satisfacer las necesidades mínimas de la población".
"En consecuencia, el conflicto social no ha terminado y la paz a la que anhelan los chilenos y chilenas mayoritariamente, sólo se podrá alcanzar con el término de la represión y con la adopción de políticas concretas que apunten a enfrentarlas profundas causas de la crisis social. La Paz es obra de la Justicia y no se puede imponer por decreto", aseguró la Cchdh.
En ese sentido, rechazó "la lentitud de las investigaciones judiciales y la formalización de sólo 66 agentes del Estado y menos de 10 imputados privados de libertad" por presuntos abusos policiales, advirtiendo que "la impunidad de los graves crímenes cometidos agrava el descontento social, a la vez que importa un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado chileno".
Así, la Comisión puso especial énfasis en el rol de Mario Rozas: "Sin lugar a dudas que el mayor obstáculo ha sido el apoyo y respaldo permanente que el Presidente de la República le ha otorgado al Director General de Carabineros, ante el actuar ilícito de sus subordinados y la cadena de mando que encabeza".
LLAMADO AL GOBIERNO Y LA CIUDADANÍA DE CARA AL PLEBISCITO
"La Comisión Chilena de Derechos Humanos, reitera su compromiso con la defensa de las víctimas y su decisión institucional de recurrir, si es necesario, a los diversos órganos del sistema de protección internacional de derechos humanos para evitar la Impunidad de los crímenes contra la Humanidad cometidos en su contra, a objeto que los responsables, incluidas las autoridades políticas y los jefes militares, obtengan la debida sanción según lo establece el Estatuto de Roma y el claro mandato de la Ley 20.357, que tipifica y sanciona dichos ilícitos", subrayó la declaración.
Y concluyó que, en la víspera de un nuevo 18 de octubre, llama al Gobierno "a terminar con la represión de la protesta social y, a los habitantes de nuestro país, a no caer en provocaciones que impidan la realización del plebiscito del 25 de octubre, hito con el que se da inicio al proceso constituyente".
"Estamos convencidos que, a pesar de todas las limitaciones y restricciones impuestas al pleno ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo chileno, si existe un masivo y activo protagonismo de la ciudadanía durante todo el proceso, ello permitirá contar con un nuevo texto constitucional que, teniendo como marco referencial obligatorio el respeto y garantía de los Derechos Humanos, establezca normativamente los cimientos de una democracia verdadera y una genuina paz social", cerró.
