Un nuevo balance del Poder Judicial reveló que desde el 18 de octubre, el inicio del estallido social, al 11 de noviembre más de 26 mil personas han sido detenidas.
Según el organismo, a nivel nacional han pasado a control de detención 26.126 personas, 8.664 de ellas en la Región Metropolitana.
A lo largo del país, los tribunales han declarado ilegal la detención de 1.108 imputados, lo que representa un 4,2 por ciento del total nacional.
Desde el Ministerio Público, en tanto, han presentado 1.716 peticiones de prisión preventiva a nivel nacional. De estas, los tribunales concedieron 1.396, lo que representa el 81,3 por ciento de las peticiones realizadas por la Fiscalía al 11 de noviembre.
Respecto de afectaciones a tribunales, 82 han resultado con daños medios y menores, mientras que tres fueron afectados con incendios y mayor grado de destrucción, como lo que ocurrió con el Juzgado de Justicia de Puente Alto.
El fiscal nacional Jorge Abbott comentó que "el delito de desórdenes tiene una pena muy baja y en consecuencia no se justifica que una persona quede privada de libertad en virtud de la comisión de un ilícito de esa naturaleza. Solamente nosotros pedimos prisión preventiva respecto de aquellos delitos que tienen una pena de crimen, es decir aquellos delitos más graves".
Vocero de la Suprema pide acuerdos "con mayor prontitud posible"
En esta línea, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, pidió llegar a acuerdos con prontitud que permitan subsanar esta "situación obviamente grave".
"La situación es obviamente grave. No hay aquí otro calificativo más que ese. Se han desbordado los parámetros normales de comportamiento, entonces se hace difícil pensar que la comunidad, que la sociedad pueda soportar mucho tiempo una situación de esta especie", afirmó el magistrado.
Por ello, sostuvo Cisternas, "creo que es muy válido el llamado a dialogar y encontrar acuerdos con la mayor prontitud posible" .
