De las 261 causas relacionadas violaciones a los derechos humanos iniciadas entre octubre del 2019 y el 20 de marzo pasado que ya se encuentran terminadas, hay 68 casos que concluyeron en razón de que la Fiscalía no reunió los antecedentes suficientes para fundar una acusación, según un informe de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema.
Las indagatorias en las que se decidió no perseverar por ese motivo corresponden solo al 26 por ciento de los casos cerrados, mientras que 125 fueron acumuladas a otras causas (49 por ciento), y cerca de un tercio terminaron por razones como incompetencia, al ser declaradas inadmisibles, o porque se aprobó no investigarlas, según consigna La Tercera.
Con todo, los casos registrados en el periodo de crisis social en los que agentes del Estado son los acusados de apremios ilegítimos, detenciones irregulares o torturas -cuasidelito de homicidio, violación o abuso sexual, entre las modalidades consideradas- suman en total 2.679 investigaciones abiertas, aunque solo 1.842 de ellas están vinculadas al movimiento social.
Por lo demás, el informe también ratificó que hasta el 30 de octubre no hubo sentencias "asociadas a las causas por delitos de derechos humanos, por lo que todavía no es posible informar las sanciones y medidas de reparación", lo que de acuerdo al director de Estudios de la Suprema, Alejandro Soto, "es propio de los tiempos del procedimiento penal".
Asimismo, Soto descartó que casos emblemáticos, como los de Gustavo Gatica o Fabiola Campillai, sean parte del estudio, debido a que los ilícitos en cuestión allí serían mutilación, lesión grave gravísima o hasta homicidio frustrado; es decir, están excluidos del resultado "todos los traumas oculares, salvo que hayan ocurrido en contexto de torturas, cosa que no son ya que se dan en manifestaciones y un perdigón les llega".
Por otro lado, además de ser un insumo útil para el Poder Judicial el conocer el avance de estas causas, Soto apuntó que los antecedentes en la materia, recopilados desde el comienzo de las protestas, han sido requeridos particularmente por organismos internacionales.
Carabineros al centro de las denuncias
El estudio también detalla que la mayoría de los presuntos agresores pertenece a Carabineros, institución mencionada en el 92,9 por ciento del total de las causas.
En tanto, los delitos habrían sido cometidos mayormente en el contexto de marchas (69 por ciento); a las manifestaciones las siguen las comisarías (13 por ciento) y camino a la comisaría (5,5 por ciento).
