La comisión encargada continúa este lunes con el análisis de la acusación constitucional presentada en contra del intendente metropolitano Felipe Guevara por el copamiento policial de la Plaza Baquedano a fines de diciembre.
La comisión comenzó su trabajo el pasado 7 de enero y este lunes la instancia recibe a locatarios y vecinos de la Plaza Baquedano, relatando sus vivencias durante el estallido social, como Giselle Dussaubat y José Monsalve.
Ambos vecinos dijeron ante los parlamentarios que consideran improcedente la acusación constitucional contra el intendente Guevara, pues dijeron que necesitan y apoyan la protección policial debido a los "actos terroristas" que dicen que se desarrollan en el sector.
También relataron la compleja situación que han vivido durante los casi tres meses desde que se produjo el estallido social, con las complicaciones para llegar a sus hogares, con horas de demoras debido a los diversos incidentes, además del cobro de peajes, entre otras cosas.
Asimismo, señalaron que durante el toque de queda, al inicio del proceso, fueron los días más tranquilos que tuvieron.
Tras la sesión, el propio José Monsalve, habitante de la remodelación San Borja, ahondó en sus puntos, asegurando que hay horarios en los que pueden salir de sus departamentos.
"Hay vecinos que no pueden salir de sus departamentos, hay horarios para poder entrar y salir de los edificios. Si salgo tengo que volver antes de las 17:00 horas o después de la medianoche, entonces todo lo que decimos es ¿dónde están nuestros derechos humanos, nuestros derechos que se fundan en la Constitución? Nos impiden el libre tránsito; el ambiente libre de contaminación, llevamos 88 días respirando gases lacrimógenos, el humo de las barricadas", dijo el vecino.
"Básicamente sensibilizar y visibilizarles a los diputados, que estoy seguro que muchas veces no ven la realidad, lo que estamos viendo los vecinos", agregó.
Exposición de académicos
Además, se espera que expongan los profesores Claudio Nash, Arturo Fermandois, Domingo Lovera y Jorge Correa Sutil, además de la Asociación Nacional de Magistrados.
Correa Sutil ha sido sondeado para representar a Guevara, pero aquello no se ha concretado y el abogado aclaró que su exposición en la instancia fue como experto: "Yo no asumo defensas sin firmar el escrito, esto es sin hacerlo públicamente, por lo tanto no participo de la defensa del intendente".
Evópoli respaldó a Guevara
Mientras se desarrollaba la comisión, el intendente Guevara recibió un nuevo respaldo del oficialismo, esta vez por parte del presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, y el jefe de bancada Luciano Cruz-Coke, quienes le expresaron su apoyo.
Guevara insistió que solo ha cumplido con su deber de resguardar el orden público.
"Quiero agradecer a Evópoli por este respaldo, por este apoyo, lo único que he intentado hacer es mi trabajo, es decir, preocuparme del orden público en la Región Metropolitana y seguiremos trabajando en ese mismo sentido. Devolverle la ciudad a los vecinos de la región es nuestra principal tarea y a eso estamos abocados", dijo el jefe regional", manifestó el jefe regional.
"Ha faltado más inteligencia policial y menos brutalidad", dice diputado FA
La diputada Alejandra Sepúlveda (ex DC), presidenta de la comisión revisora, comentó que" las complicaciones que los vecinos han recibido en su vida cotidiana, familiar, es dramática, pero al mismo tiempo tratar de separar lo que tiene que ver con las movilizaciones pacíficas, que tienen que ver con las reivindicaciones justas que está planteando los chilenos, con la violencia que hemos visto y que muy bien expresaron ellos".
Por otro lado, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, integrante de la comisión que analiza la acusación, dijo que lo que ha faltado para reguardar tanto a los vecinos como el derecho a reunión es la inteligencia policial.
"Es cierto que ha habido desórdenes públicos que efectivamente dañan al comercio local y lo que ha faltado es más inteligencia policial y menos brutalidad policial, ha faltado un diseño articulado también que ponga por delante los derechos de los vecinos y también los derechos humanos. Aquí lo que se ha confundido es orden público con brutalidad policial", resaltó.
Por su parte, el RN José Miguel Castro, único oficialista en la instancia, defendió al intendente y sostuvo que la acusación no procede: "El derecho a la manifestación se ha podido llevar, es hasta un cierto horario que normalmente los manifestantes pacíficos van y muestran sus pancartas, hacen su manifestación, pero después de eso es el caos absolutamente total, y ese es el caos que habtratado el Gobierno de controlar".
Se espera que el próximo lunes la comisión vote su informe sobre si procede o no la acusación, aunque la opinión de la instancia no es vinculante.
