Rodrigo Ubilla (RN), quien fuera subsecretario del Interior durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, llamó al Gobierno a acelerar la gestión para expulsar ciudadanos venezolanos en situación irregular o implicados en delitos en nuestro país.
Como se dice que Venezuela no recibe aviones de la Fuerza Aérea, planteó en El Diario de Cooperativa que ese país "no se puede oponer a aterrizar un vuelo comercial", y si bien admitió que ese traslado es más caro, afirmó que se financia "con las platas que pagan de regularización y de visa los propios extranjeros que viven o solicitan venir a Chile".
Según la exautoridad, durante su desempeño en el Ejecutivo evidenció que "esos dineros quedan en el Ministerio del Interior en una partida especial como ingreso. Nosotros siempre usamos esos ingresos para financiar todo lo que era la expulsión".
"CIFRAS CONTRADICTORIAS"
- Sergio Campos: Hace poco un diputado hizo un ayuda-memoria: decía que el Presidente Piñera dijo "vamos a seguir recibiendo migrantes venezolanos", la exministra Cecilia Pérez en su momento (agregó) "hasta que el país resista", Pablo Longueira dijo "vénganse a Chile, tenemos trabajo para todos ustedes". ¿Hay una responsabilidad compartida?
La invitación fue respecto a la Visa de Responsabilidad Democrática, con la que ingresaron 87 mil personas hasta el 2020, porque esa invitación que se hizo en la frontera tenía que ver con dar oportunidades a personas, con la condición de que solicitaran su visa en los consulados de Chile en Venezuela. Entonces creo que hay que delimitar esa afirmación a lo que fue y si uno mira el discurso del Presidente, en esos términos se planteó.
Pero dicho eso, la encuesta Casen, que concentra cifras hasta el año pasado, muestra que comparando con la anterior, aumentaron en 400 mil las personas extranjeras que viven en Chile. Esas básicamente son venezolanas. Entonces tenemos un problema, y los flujos migratorios se producen por situaciones como la que usted dice, que son informaciones que están en los medios, y atraen personas de un país a otro.
El punto es cómo hacemos efectivo el control de nuestras fronteras para efectos de que el que ingrese, lo haga de manera regular; pasó con los ciudadanos haitianos en el gobierno de la Presidenta Bachelet, pasa hoy día con los ciudadanos venezolanos en el actual Gobierno del Presidente Boric. Y en ese sentido, creo que no hemos querido enfrentar el tema.
- Verónica Franco: La ministra (del Interior, Carolina) Tohá decía hace un par de días en el Congreso que este año habían bajado un 29% los ingresos irregulares de migrantes. ¿Usted no cree en esa cifra?
La PDI puso una cifra arriba la mesa de que, entre 2021 y creo que agosto o septiembre del 2023 -y es una cifra que incluye años del gobierno del Presidente Piñera, para ser justos con el tema-, ingresaron de manera clandestina 145 mil personas.
El Gobierno está atrasado en entregar las cifras oficiales que generalmente se hacían por ahí por septiembre u octubre. Podemos afinar esa cifra porque ese dato, entregado por el INE y el Ministerio del Interior tiene que ver con el año pasado completo. Pero dicho eso, el punto es que si bajó, bienvenido, lo que pasa es que no conocemos la cifra, y la PDI me dice algo que es contradictorio (con lo indicado por Tohá).
- Verónica Franco: ¿No es necesario dejar los dimes y diretes entre Gobierno y oposición, y hacer de la seguridad un tema efectivamente de Estado? Porque si no, en un año más o en un próximo gobierno -en el que a lo mejor estén ustedes gobernando- vamos a estar hablando exactamente de lo mismo, o de una situación más complicada.
De todas maneras. Y es por eso que no entiendo las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno (Camila Vallejo) cuando nos saca al pizarrón, y con una desinformación brutal, porque la propia ministra del Interior salió diciendo que lo que yo contesté era cierto, que teníamos conversaciones periódicas con el subsecretario (del Interior, Manuel) Monsalve. Y tampoco entiendo -y por eso comparto la precisión- que el Presidente también haya hecho una sacada el pizarrón a la oposición.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es, sobre las materias de crimen organizado, de migración descontrolada y otras más, trabajar pero reservadamente. Si no se necesita ir a La Moneda con una conferencia de prensa para poder avanzar en lo que parecerían ser buenas prácticas.
Lo segundo, debemos dejar de legislar o implementar programas sobre premisas ideológicas. Debemos hacerlo sobre la base de la evidencia. No somos los únicos que estamos sufriendo la arremetida del crimen organizado, tampoco de los flujos migratorios exacerbados, como es el caso de Venezuela. Hay otros países, pero hay prácticas que está demostrado que son efectivas.
En ese sentido, no es necesario generar proyectos de ley, como dijo la ministra vocera de Gobierno que "hemos avanzado en 30 proyectos de ley". Hay medidas administrativas que ayudan. Por ejemplo, lo que hizo la Fiscalía Nacional de crear una fuerza de tarea especializada contra el crimen organizado, con los recursos que hay. Me parece que es una medida acertada. Y eso no tiene color político, todo el mundo lo aplaudió. Entonces busquemos medidas en ese sentido.
EXPULSIONES VÍA COMERCIAL
Hoy día, la ministra del Interior anuncia que se retoma una cosa que hicimos durante el gobierno del Presidente Piñera: la expulsión vía aviones comerciales, vía aviones de la FACh, vía buses a los países fronterizos, de toda la lista de gente que está en espera de ser expulsada, que tiene una orden administrativa o judicial de expulsión. Yo creo que esas son las cosas que todo el mundo va a apoyar. Que lo hagan con o sin publicidad me da lo mismo, si lo que hay que hacer es expulsar.
La expulsión no sólo tiene que ver con una obligación jurídica, sino que también entrega una señal al flujo migratorio, que en este caso viene de Venezuela, y dice: "Señores, si ustedes entran a Chile de manera irregular, hay una alta probabilidad que los expulsen". Y eso va a llevar a que ese venezolano o venezolana pida su opción de ingreso a Chile en los consulados de Chile en Venezuela.
- Paula Molina: ¿Cómo se realizan esas expulsiones? ¿Es fácil expulsar?
Es muy complejo. Nosotros teníamos las mismas complejidades que tiene el actual Gobierno con Venezuela, porque Venezuela dilata la entrega de antecedentes, no actualiza las cédulas de identidad o los pasaportes de su ciudadanos, etcétera. Pero hicimos tal vez medidas ingeniosas.
Repatriamos chilenos que estaban exiliados, que se habían ido a Venezuela durante los 70, gente muy mayor que estaba pasando condiciones de vida muy, muy precarias en Venezuela, y llegamos a un acuerdo con el gobierno venezolano de que enviábamos en aviones de la FACh a personas expulsadas, y nos traíamos de vuelta en esos mismos aviones a ciudadanos chilenos.
Después el gobierno venezolano nos dijo: queremos ir a buscar a ciudadanos que quieren regresar, no por expulsión, sino que quieren regresar a Venezuela. Bienvenido, los dejamos entrar. Pero si quieren venir a buscarlos, déjennos a nosotros llevar personas que están expulsadas. Lo que quiero decir con estos ejemplos es que hay que tener una voluntad de ejecutar estas expulsiones.
- Paula Molina: Pero se requiere más que voluntad; yo entiendo que no dejan aterrizar a los aviones de la FACh en Venezuela, ¿o sí?
¿Por qué hoy no los dejan y hace dos o tres años sí los dejaban? Hay que gestionar. Por ejemplo, yo no tengo la información, (pero) de los 12 mil expulsados con orden de expulsión vigente, ¿cuántos son ciudadanos de países fronterizos? Si hay un solo ciudadano en esa condición, se expulsa llevándolos a la frontera. No se requiere ir a dejarlo al aeropuerto en Buenos Aires ni en La Paz. Se le deja en la frontera con un bus.
Esa era una cosa permanente que nosotros hacíamos. Sabíamos quiénes eran las personas que terminaban su periodo de reclusión y tenían órdenes de expulsión, y en el mismo día en que salían de la cárcel, había un bus que los llevaba a la frontera.
- Paula Molina: Pero sabemos que más o menos el 70% de ese grupo proviene de Venezuela, y eso sí requiere un vuelo, y si no dejan aterrizar los aviones de la FACh, requeriría un vuelo comercial.
El gobierno pasado dejó contratado un número importante de vuelos comerciales charter que no fueron utilizados. Y Venezuela no se puede oponer a aterrizar un vuelo comercial.
- Paula Molina: ¿Y cuánto le cuesta a Chile llevar esos aviones?
Es caro, pero ¿sabe cómo se financia y sobran los recursos? Con las platas que pagan de regularización y de visa los propios extranjeros que viven en Chile o solicitan venir a Chile. Nunca, nunca se requirieron recursos del fisco adicionales a los que los propios extranjeros generaban en el país.
Todos los meses el Servicio de Migraciones recibe ingresos producto de regularización, de pago de visa, etcétera. Esos dineros quedan en el Ministerio del Interior en una partida especial como ingreso. Nosotros siempre usamos esos ingresos para financiar todo lo que era la expulsión. Nunca fue necesario pedirle al Ministerio de Hacienda recursos adicionales. Sí le pedíamos autorización para gastar esos recursos, que corresponde.
MIGRACIÓN MÁS PRECARIA
- Sergio Campos: ¿Hasta qué punto toda esta situación -como opinan algunos dirigentes políticos- se ha transformado en un caballito de batalla en función de las elecciones que vamos a tener en diciembre? ¿Usted cree que es un buen argumento llevar este tema a esa instancia electoral?
No, yo creo que no. Yo quiero darle una dimensión distinta, porque este tema está sobre la mesa y es parte de esta conversación y de otras más. Según la encuesta Casen, al 31 de diciembre del año pasado, el 8,7% de la población que vive en nuestro país es de nacionalidad extranjera. El promedio de los países del mundo es 3,6%, y el promedio de los países de Latinoamérica es 2,3%.
La pregunta es: ¿Un país como Chile tiene capacidad de absorber algún número tan grande en tan corto tiempo? Porque hoy son 1.750.000, y es distinto (tener esa llegada) en 10 años que en 50 años. Yo diría que no la tiene. Entonces la realidad de los campamentos, la realidad de la congestión de los servicios de salud se evidencia con este alto porcentaje de extranjeros.
Otro dato de la Casen: hasta la encuesta anterior, en promedio eran menos pobres los extranjeros que los chilenos, y hoy son más pobres. Entonces la precarización de la migración ha sido altísima en estos dos últimos años. Ellos están viviendo en campamentos, tienen acceso restringido a los servicios, y eso también es parte de la reflexión que tenemos que hacer. El ingreso masivo e irregular también genera en la propia comunidad extranjera una precarización de su vida. Y eso creo que es relevante desde el punto de vista ético.
- Sergio Campos: ¿Y el ultimátum para que sean expulsados 12 mil migrantes en corto tiempo, usted cree que es posible o no?
Yo creo que eso lo respondieron los propios parlamentarios que hicieron ese llamado hace un par de días. Y también creo que la ministra, con lo que sale anunciando ayer y cuando dice que van a retomar las expulsiones, es una respuesta a lo mismo. El punto es el compromiso del actual Gobierno a que se cumplan las órdenes de expulsión.
Un dato que me falta es que no sé cuántas órdenes de expulsión administrativas ha firmado este Gobierno en los últimos 18 meses, y eso es relevante saberlo (...) y esas las firman los delegados presidenciales -provinciales y regionales- y la Subsecretaría del Interior. Eso también es una señal. Con 146 o 145 mil ingresos clandestinos en los últimos años, debiera haber un número muy relevante de órdenes de expulsión administrativas. A lo mejor me sorprendo cuando lo informen en este documento que está atrasado.
