Este lunes se desarrolló la primera sesión de la comisión de la Cámara Baja -no vinculante- que revisa los méritos del libelo.
"Nunca en la historia de este Congreso podrán ustedes ver una falta a los deberes legales y constitucionales tan evidente", fustigó Gabriel Ascencio (DC), firmante del recurso.
Este lunes se desarrolló la primera sesión de la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados -no vinculante- que revisa los méritos de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, presentada por la oposición.
El libelo, de más de 80 páginas, cuenta con la firma de los diputados Gabriel Ascencio (DC), Gabriel Boric (CS), Jorge Brito (RD), Carmen Hertz (PC), Tomás Hirsch (PH), Rodrigo González (PPD), Pamela Jiles (PH), Jaime Naranjo (PS), Luis Rocafull (PS), Camila Rojas (Comunes), René Saffirio (independiente), Alejandra Sepúlveda (FRSV) y Víctor Torres (DC).
La acusación está dividida en tres capítulos donde se le cuestiona a Pérez por su gestión durante el paro camionero a finales de agosto y por su control jerárquico sobre Carabineros, la cual fue reactivada luego del caso del adolescente de 16 años que cayó al lecho del río Mapocho tras haber sido empujado por un funcionario de ese estamento.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
En concreto, el libelo responsabiliza al secretario de Estado por "haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público", "haber infringido la Constitución o las leyes, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley", y "haber dejado de ejecutar las leyes, al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre los órganos sometidos a su dependencia".
Para que el mecanismo prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados -la mitad más uno de los votos- y un respaldo de dos tercios en el Senado.
En la sesión de este lunes, a la hora de enumerar sus argumentos ante la comisión que encabeza Loreto Carvajal (PPD), el diputado Gabriel Ascencio (DC), en defensa del libelo, afirmó que "nunca en la historia de este Congreso Nacional podrán ustedes ver una falta a los deberes legales y constitucionales tan evidente como la que ha cometido Víctor Pérez en su falta de deber jerárquico y de control sobre Carabineros".
"El menor de edad Anthony, de 16 años, sangrando en el lecho del Río Mapocho, siendo rescatado por civiles mientras efectivos de Carabineros lo dejaban abandonado en el lugar a su suerte, es la muestra gráfica más fuerte de que el ministro del Interior y Seguridad Pública no actuó para que esto no ocurriera. De hecho, es él mismo quien deja al menor abandonado. Con su inacción, su omisión a sus deberes, empuja a este chico al río, nos empuja a todos al río Mapocho", sostuvo el legislador.
Tras escuchar la presentación realizada por la parte acusadora, la comisión encargada de revisar la admisibilidad de la acusación constitucional inició las audiencias de expertos que serán consultados para aportar antecedentes sobre la procedencia del libelo.
En primer término, escuchó Víctor Avilés, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chile, quien desarrolló su exposición explicando que la acusación sobre supuesto encubrimiento de violaciones a los derechos humanos "es muy serio".
"Se establecen la existencia de delitos como hechos ciertos, lo que podría afectar al derecho a la defensa de personas que hoy están siendo juzgadas. No corresponde tomar consecuencias de delitos que se investigan y asumir, el Congreso Nacional, que esos delitos existieron, asumir que existen culpables y, a partir de ahí, generar otra sanción para un tercero, como lo es el ministro de Estado", señaló.
Por su parte, Francisco Zúñiga, también académico de derecho constitucional de la "Casa de Bello", planteó que los dos primeros capítulos del libelo acusatorio -haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público y haber infringido la Constitución o las leyes, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley- dicen relación con la responsabilidad constitucional.
En tanto, el tercer capítulo -haber dejado de ejecutar las leyes, al no ejercer control jerárquico correspondientes sobre los órganos sometidos a su dependencia- corresponde a responsabilidad constitucional y política.
El académico señaló que "el abordaje de la cuestión relativa a la acusación constitucional ha sido hecho desde una perspectiva estática o de una perspectiva dinámica".
Bajo esas definiciones, extendió su exposición explicando, entre otros, que el impeachment o juicio político debe ser contextualizado en el régimen y tipo de Gobierno que posee Chile, que es un presidencialismo y no un régimen presidencial.
"No creo que genere inestabilidad política en sí mismo", indicó, afirmando que el mecamismo "ha ido evolucionando en una faz dinámica en que lo que se está produciendo es una mutación constitucional y las mutaciones constitucionales son perfectamente ajustadas a la Constitución".
"Esto de la mutación es un síntoma de una crisis del régimen político y tipo de Gobierno que tenemos; no es una degradación de una herramienta", añadió.
La comisión ad hoc, por sorteo, quedó integrada por mayoría de oposición y es presidida por la diputada Carvajal, quien, no obstante, se abstuvo en la rechazada acusación contra el ex ministro Jaime Mañalich y ahora dice no tener una definición formada respecto al libelo contra Pérez.
"Sería muy anticipado generar una opinión, no me corresponde", precisó, la cual espera resolver una vez finalizado el trabajo en la instancia.
El ministro Pérez formalizó ante la comisión a su equipo de abogados, que estará conformado por Mario Rojas Sepúlveda, Alejandro Espinoza, Mario Rojas Puga y Paola Rojas.
