En el marco del "daño a la fe pública" que han provocado los casos Penta y Caval, la Presidenta Michelle Bachelet propuso este martes que los servidores públicos que incurran en delitos y sean condenados por la Justicia pierdan sus cargos.
"Enviaré un proyecto de reforma constitucional para que se establezcan sanciones, incluso la pérdida del cargo, a aquellos representantes electos que hayan incurrido en delitos sancionados por los Tribunales de Justicia", dijo Bachelet durante la ceremonia de presentación de la "Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción".
En el acto la Mandataria inició su discurso con una alusión clara a los mencionados episodios de escándalos políticos, aunque no los mencionó textualmente.
"Los casos que hemos venido conociendo desde hace ya un buen tiempo en el ámbito de los negocios o la política, así como en las relaciones entre ellos, han generado una fundada preocupación y malestar en la ciudadanía. Y tengo que decirlo, han sido dolorosos para aquellos que anhelamos un país equitativo y sin privilegios", afirmó.
"Son casos que se han llevado al margen de la ética o de la prudencia, y en algunos casos derechamente al margen de la ley. En ellos se han visto involucrados empresas, partidos políticos, dirigentes y también servidores públicos", continuó la Mandataria.
"Freno a los privilegios y los abusos"
"Hemos visto cómo algunos usan el poder de su dinero para influir las decisiones de la democracia, es decir, para influir las decisiones que nos afectan a todos; y hemos visto también cómo algunos usan la influencia que otorgan los cargos democráticos y públicos -es decir los cargos que están para servir a todos los ciudadanos y ciudadanas- para obtener ventajas personales", criticó, advirtiendo que "a veces hemos dejado que el poder del dinero colonice la convivencia social" y permitido "que una cultura de las ventajas individualistas le doble la mano al sentido del bien común".
"Ésta es una situación grave, a la que todos juntos tenemos que ponerle freno por el bien de nuestra democracia", dijo Bachelet, que reiteró el "compromiso" de su Gobierno con "poner freno a los privilegios y abusos".
"No permitiremos que nada ni nadie obstaculice o desvíe la vocación de igualdad y el sentido ético que nos inspira", indicó, antes de aseverar que la actual crisis "es una oportunidad histórica para avanzar en una buena política y en una buena economía".
"Democracia en juego"
La Presidenta indicó que en la solución al problema señalado "está en juego la democracia", pues la fortaleza de ésta "descansa en la confianza de los ciudadanos".
Asimismo, "está en juego la legitimidad de los negocios y del mercado, pues su eficacia radica en la expectativa de que ellos son transparentes, y que no se podrán en juego ventajas o mecanismos ilegítimos".
Por último, "está en juego el rol del Estado, que depende de la imparcialidad de los servidores públicos para garantizar que las normas se apliquen por igual".
"Dañar esa fe pública es hacernos daño a nosotros mismos (...) Por eso ha llegado la hora de actuar, (...) y en mi responsabilidad como Presidenta impulsaré las medidas institucionales que regulen de manera estricta y eficaz las relaciones entre el dinero y la política, tanto en el ámbito público como en el de los negocios", señaló.
Apoyo "con decisión a la Justicia"
"Debemos hacer que estos casos no vuelvan a repetirse. Se equivocan quienes creen que este es el momento de suavizar los hechos o esconder la tierra bajo la alfombra (...) Se trata de asegurar mediante instituciones sólidas que esto no vuelva a ocurrir. Por eso, en los casos que ya conocemos, apoyaremos con decisión el trabajo de la Justicia en su plena autonomía para que sean aclarados y sancionados", declaró.
Bachelet resaltó la necesidad de "revisar y hacer más severa y actualizada la legislación existente, (..) y dotar a las instituciones de poder efectivo para hacer valer sus controles y sus sanciones".
Junto con eso, "como sabemos que las regulaciones legales no siempre alcanzan para ordenar la enorme diversidad de relaciones entre lo público y lo privado, y que estas realidades cambian más rápido que las leyes, necesitamos desarrollar también una cultura y una ética de la transparencia que nos inspire siempre", manifestó.
Medidas adicionales
"Tengo la convicción de que hay materias urgentes que regular", dijo Bachelet, que junto con el anuncio de la reforma constitucional consignada más arriba, anunció haber ordenado "que se definan con precisión y mayor rigor las inhabilidades y las incompatibilidades de las distintas funciones en el sector privado regulado y en el servicio público en general, tanto a nivel central como en los gobiernos locales".
"He encomendado también al ministro de Hacienda (Alberto Arenas) la actualización de las normas en materia del buen uso de bienes y recursos fiscales y que imparta las instrucciones para su estricto cumplimiento. Y quiero decir algo que me compete en lo personal: he instruido para que a la brevedad se impartan las medidas que hagan más detalladas y periódicas las declaraciones de patrimonio e interés de los altos funcionarios públicos, y de por vida en el caso de los ex Presidentes, partiendo por mí. Quienes hemos recibido la confianza de la ciudadanía debemos responderles con transparencia", subrayó.
Piñera valoró iniciativa
En tanto, el ex Presidente Sebastián Piñera, valoró la iniciativa anunciada por la Mandataria.
"Es una buena y necesaria idea, yo creo que todos estamos convencidos que la democracia chilena necesita un funcionamiento mejor, más transparente, con más confianza, que proteja mejor la probidad tanto en el sector público como en el privado y que regule mejor la relación que existe entre el dinero y la política", dijo el otrora jefe de Estado.
Desde los partidos políticos destacaron que el llamado de la Presidenta Bachelet es necesario, como lo sostuvo el vocero de la Nueva Mayoría, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco.
"Creemos que aborda en sus contenidos tres aspectos que son sustanciales: el financiamiento de la política, asumir las malas prácticas empresariales y que tienen que tener sanciones muy severas en lo que son aumentar penas en soborno, en cohecho, mercados de capitales, colusión, y por cierto, modernización del Estado", indicó.
A su turno, el presidente de la UDI, Ernesto Silva, sostuvo que "la Presidenta convoque a una comisión a trabajar en estos temas con altura de miras y con un llamado a 45 días a hacer propuestas de futuro me parece muy bien".
"Me parece que hay personas muy respetables y valiosas en la comisión", indicó el líder gremialista.
Parlamentarios en línea
La propuesta de Bachelet para que las autoridades condenadas pierdan sus cargos coincide con la que han planteado varios parlamentarios.
Hoy mismo la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general, por nueve votos contra dos, el proyecto que busca regular la transparencia en el financiamiento de la política, con lo cual quedó en condiciones de ser tratada en la Sala de la Cámara Baja.
Tras esto parlamentarios indicaron que presentarán indicaciones adicionales para que los legisladores no puedan ejercer en caso de haber incurrido en irregularidades durante su campaña.
"Hoy día no hay norma que así lo contemple. Parte de las propuestas que nosotros vamos a entregar a la Presidenta de la República tiene que ver con una iniciativa que ha promovido la presidenta del Senado (Isabel Allende), que tiene que ver con casos de financiamiento fraudulento de las campañas exista una sanción con la pérdida del escaño, tanto en el Parlamento, como alcaldes, concejales y consejeros regionales", dijo el senador PPD Felipe Harboe.
"Yo creo que hay que establecer una norma muy clara al respecto de qué es lo que se entiende por fraudulento, qué tipo de acción va a ser considerada como tal, lo que va a ser materia de regulación legal, para no dejar vacíos y tampoco facilitar actuaciones que permitieran que un contrincante interviniera en el financiamiento de su adversario justamente para causarle algún problema con su rendición", explicó.
