El Gobierno pidió a la Contraloría General de la República que determine si corresponde que Rodrigo Rojas Vade, renunciado "de facto" pero no formal ni legalmente a la Convención Constitucional, continúe recibiendo la dieta de 50 unidades tributarias mensuales, equivalentes a alrededor de 2,6 millones de pesos, monto establecido en la reforma que habilitó el proceso para elaborar una nueva Carta Fundamental.
Rojas Vade, ex La Lista del Pueblo, se apartó en los hechos del órgano constituyente a medidados de septiembre pasado tras destaparse que durante años fingió padecer cáncer, enfermedad que utilizó como bandera de campaña para ser electo. Sin embargo, como aquella causal no está dentro de las contempladas para poder renunciar, legalmente sigue integrando la Convención y, por consiguiente, percibiendo salario.
Por ello, este jueves el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el organismo del Ejecutivo encargado de prestar funciones de apoyo técnico, administrativo y financiero a la Constituyente, planteó el tema, a través de un oficio, al contralor Jorge Bermúdez.
En el documento, firmado por el subsecretario Máximo Pavez y acompañado de un informe jurídico, se hace presente que la Constituyente no forma parte de los órganos de la Administración del Estado, que es a lo cuales fiscaliza Contraloría, sin embargo, "el presupuesto de la Convención Constitucional se encuentra asignado a la gestión de esta Secretaría de Estado", que sí está sujeta al escrutinio del ente contralor.
Así las cosas, ante la situación de Rojas Vade, la Segpres apunta que, "como entidad ejecutora de los recursos públicos destinados a la Convención, se encuentra frente a un aparente vacío normativo al momento de realizar el pago de la retribución que establece la Carta Magna" vigente, ya que éste, aunque ya no participe del trabajo constituyente, "formalmente cointinúa ostentando el cargo de convencional".
El 20 de septiembre, cuando anunció su decisión de no seguir participando, Rojas Vade aseguró que no aceptará dinero por los días que no trabajará "sin justificación", afirmando también que: "Tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo".
En paralelo, es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de perjurio, debido a que en su declaración de patrimonio había asegurado mantener una deuda de 27 millones de pesos por un tratamiento contra el cáncer, enfermedad que no padece.
