En El Diario de Cooperativa, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, puso en duda el efecto real de la norma aprobada la semana pasada por el pleno del Consejo Constitucional y que establece que "los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible".
El funcionario de Gobierno acusó una "situación contradictoria" en materia migratoria, con cosas "que se dicen de repente muy a la ligera", pues atribuyó a la derecha que en el Congreso Nacional esté detenido un proyecto para expulsar a personas que tienen condenas bajas por narcotráfico.
Por otra parte, consideró "exitoso" el proceso de empadronamiento biométrico para ciudadanos extranjeros que ingresaron de forma irregular al país o eludiendo los controles migratorios, que se extenderá hasta fin de año.
"Baja (el ingreso irregular de extranjeros), y aumenta el control de la frontera"
- Verónica Franco: ¿Sube o baja el ingreso irregular de extranjeros a nuestro país durante este año?
Baja (el ingreso irregular de extranjeros), y aumenta el control de la frontera. Hay dos informaciones que son importantes de transmitir, dos datos que son muy relevantes: el primero tiene que ver con las denuncias por ingreso irregular, que son denuncias que no necesariamente se hacen en el lugar y en el momento donde se produce la falta de ingreso. De hecho, una parte importante de las denuncias se producen en la Región Metropolitana. De las 35.000 denuncias que llevamos en el año, 7.000 se han hecho en la Región Metropolitana de personas que ingresaron por el norte principalmente. Ese dato de denuncias por ingreso irregular ha bajado un 14% respecto del año pasado. O sea, hay una baja en el número de denuncias.
El otro dato que es relevante es el de las personas que son detectadas por Carabineros o las Fuerzas Armadas intentando ingresar a nuestro país en el norte. En Colchane y Chacalluta, principalmente, el año pasado, a la fecha, iban 24.000 personas detectadas intentando ingresar irregularmente y este año van 11.000. Se ha bajado a más de la mitad del volumen y se ha producido otra situación significativa, que es que en Colchane han bajado un 50% los ingresos y en Chacalluta, sin embargo, han aumentado un poquito más. Entonces, se ha desplazado el ingreso irregular desde Colchane a Chacalluta, pero el volumen general del ingreso irregular ha bajado en un 37% de ingresos y en un 14,4% las denuncias. Es decir, tenemos hoy un mejor control de las fronteras.
- Verónica Franco: Esas son las cifras de lo detectado y de las denuncias hechas, pero, ¿a cuánto podría equivaler el número de personas que ingresan clandestinamente y que no son detectadas, que tampoco son denunciadas y que no se autodenuncian?
Hoy día hay una cifra que es negra que ya se está aclarando en virtud del proceso de empadronamiento que nosotros hemos iniciado durante el mes de junio. Nosotros hicimos un llamado a las personas que no se hubieran autodenunciado y que tuvieran disposición de mostrarse frente a la autoridad, de dejar su rostro, su huella, en un proceso de empadronamiento que es de sinceramiento y de recopilación de información para el Estado y tuvimos una convocatoria altísima en términos de las personas que concurrieron a autodenunciarse. Durante el mes de junio, desde el 1 de junio al 31 de junio, concluyeron a la PDI a realizar el inicio del proceso de autodenuncia 80.000 personas que estaban en el país y que no se habían denunciado. Entonces, esta herramienta que nosotros estamos implementando nos ha permitido visibilizar esta cifra negra.
Hoy día, si cuando iniciamos el proceso de empadronamiento teníamos 150.000 denuncias acumuladas en los últimos cuatro años de personas con ingreso irregular, era la cifra estimada que nosotros teníamos. Al iniciar el proceso de empadronamiento llegaron 80.000 más que estaban dentro del país y que no se habían autodenunciado. Entonces, claro, nosotros tenemos ahí la demostración de que la autodenuncia que realizan las personas es un proceso de, digamos, registro frente a la autoridad que no coincide necesariamente ni con el tiempo ni con el lugar que se produce el ingreso. Lo importante es que ahora tenemos una mejor información, tenemos más personas que se están empadronando, tenemos un registro de huellas, de rostros y de nombres de personas de las cuales el Estado no tenía ninguna noticia hasta hace poco tiempo atrás.
Empadronamiento biométrico se extiende hasta fin de año
- Rodrigo Vergara: ¿Usted diría que el empadronamiento biométrico es un proceso exitoso, más allá de la cifra negra que debe permanecer?
Hay una cifra negra, pero este instrumento nos ha permitido visibilizarla en una dimensión importante y evidentemente que es un proceso exitoso. Hoy día tenemos inscritas para iniciar el proceso presencial de empadronamiento de más de 200.000 personas y hemos empadronado con huella y fotografía frontal de las personas y nombres, direcciones, etcétera, a 75.000 personas de las cuales no había registro. Entonces, evidentemente que es un proceso que ha sido exitoso y lo vamos a extender hasta final de año. En un primer momento, era un proceso que según la cifra estimada iba a concluir durante el mes de octubre y hemos decidido extenderlo hasta final de año porque el volumen de personas que se acercó a denunciarse y que ya estaban residiendo en Chile fue muchísimo más alto y la concentración de estas personas, que es otro dato importante, está principalmente en la Región Metropolitana. Más del 60% de las personas denunciadas con ingreso irregular y registradas en el empadronamiento está en la Región Metropolitana.
- Rodrigo Vergara: ¿Cuál es el procedimiento: regularizamos o reconducimos?
No hay varitas mágicas ni medidas que van a resolver el problema de la migración de un día a otro. Es un problema, una situación y una realidad que enfrenta nuestro país que requiere medidas como las que se están tomando, que abordan diversos ámbitos. Está la infraestructura crítica que ha aumentado la capacidad de control y de registro de personas en la frontera; están los procesos de reconducción que se mantienen y se realizan. Hoy día, efectivamente, hay 4.700 reconducciones que se han realizado en lo que va de año, que son más que las que se han realizado el año pasado, y efectivamente tenemos una conversación pendiente y abierta con Bolivia en función de poder implementar el procedimiento de reconducción de personas no bolivianas hacia ese país. Entonces, son procesos que están avanzando. Tenemos, como señalaba, el proceso de empadronamiento biométrico y tenemos también la Política Nacional de Migración. Este país no tenía una política ni definición de lineamientos claros respecto de qué hacer en relación a la migración, y en la Política Nacional de Migración aparecen elementos asociados a la regularidad y elementos que son sumamente claros.
Aquí, tanto la ministra (del Interior, Carolina Tohá) como el subsecretario (del Interior, Manuel Monsalve) y como nosotros en el Servicio hemos sido sumamente claros en que aquí no va a ocurrir lo que ocurrió en el pasado en términos de que se abrieron grandes procesos de regularización. Recordemos que en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022) se realizaron dos grandes procesos de regularización donde se les pedía a las personas para regularizar solo papeles de antecedentes y documentos de identidad. La Política Nacional de Migración ha definido que de implementarse un mecanismo de regularización eso no es suficiente; tendría que proceder también que las personas estén integradas en nuestro país a través de vínculos familiares, económicos, etcétera. Entonces, hay criterios que están definidos en la Política y hoy estamos en un proceso de registro, de recuperación de información y de recuperación del control de la frontera que es algo que ni ocurre de un día para otro y que requiere medidas de distintas índoles, como las que estamos implementando.
- Verónica Franco: Las 80.000 personas que se autodenunciaron, ¿en qué condición están? ¿Ellos tienen que salir de Chile en algún momento? ¿Tienen que volver a sus países? Si ya tienen un trabajo estable, por ejemplo, ¿ya están listos? ¿Se quedan?
Hoy día estas personas tienen un ingreso irregular y su estado que están en proceso de empadronamiento, han cometido una falta y están evidentemente en causal de expulsión. La decisión respecto de qué se hace con las personas que se empadronan es una decisión que se va a tomar una vez que podamos tener toda la información, una vez que podamos contrastar con las bases de datos del Registro Civil, de las policías, de hacer consultas en los países de origen respecto a las personas y evidentemente que se aplicarán los criterios que define la Política Nacional de Migración, pero la discusión y las medidas que se están tomando hoy día es de producir y generar la información que requerimos para tomar decisiones posteriormente.
Los extranjeros irregulares ya son expulsados "en el menor tiempo posible"
- Rodrigo Vergara: ¿Cuál es su mirada sobre la decisión del Consejo Constitucional que aprobar la expulsión en el menor tiempo posible de los migrantes irregulares? ¿Debería ese 'menor tiempo posible' ser más rápido que lo que pasa hoy día? ¿Es posible mejorar los tiempos de expulsión en el caso, por ejemplo, de quienes cometan delitos?
Los procesos de expulsión y los tiempos de detención de las personas que van a ser expulsadas están establecidos en la ley y la Constitución. Por supuesto (que ya se hace en el menor tiempo posible). Evidentemente que una persona cuando es detenida, cuando está en la causa de expulsión, no hay ninguna institucionalidad, ningún espacio para que eso no ocurra, respetando siempre, evidentemente, el debido proceso, la dignidad de las personas, etc., para que no ocurra en el menor tiempo posible. O sea, eso es algo que hoy día ya ocurre perfectamente y todas las autoridades que están involucradas en el proceso de expulsión -Policía de Investigaciones y Servicio Nacional de Migraciones, principalmente- estamos abocados a expulsar a las personas que están en la causal donde se amerita la materialización de la expulsión para que sea en el menor tiempo posible.
Pero tenemos una situación que es bien contradictoria, diría yo, respecto de cuestiones que se dicen de repente muy a la ligera. Hoy día en el Congreso está detenido un proyecto, porque no tiene los votos de la oposición, para poder expulsar a personas que están condenadas por narcotráfico. Hoy día la oposición se está oponiendo a que avance un proyecto para que las personas que son condenadas por narcotráfico, por la ley 20.000, sean expulsadas en el menor tiempo posible. Hoy día la oposición se está oponiendo a aquello y nosotros haríamos un llamado a que ese proyecto pueda avanzar para que, en el corto plazo, aquellas personas que tienen condenas bajas por narcotráfico puedan ser expulsadas, porque hoy día tenemos un problema de que estas personas condenadas por narcotráfico no pueden ser expulsadas porque la derecha se opone a aprobar esa modificación legal que propuso el Gobierno el año pasado y que avance en el Congreso.
- Verónica Franco: ¿Qué es considerado 'corto plazo'? Se lo pregunto considerando que durante este año el Servicio de Migraciones ha iniciado 6.600 procesos de expulsión y que se han materializado 602 en total: 190 administrativos y 412 judiciales.
Cuando inicia un procedimiento de expulsión administrativa, la norma establece que las personas que son sancionadas de esta manera -y tal cual establece el debido proceso- tienen derecho a presentar recursos ante el Servicio. Nosotros hemos rechazado evidentemente todos los (recursos) que han presentado y (los sancionados) tienen la posibilidad de presentar recursos ante los tribunales de justicia, porque muchas veces las personas expulsadas tienen hijos en el país y en algunos casos tienen hijos chilenos, entonces los tribunales de justicia ponderan esa situación.
El proceso de expulsión, más allá de la detención y del plazo de detención que tiene la PDI para materializar la expulsión, es un proceso que tiene distintas etapas que, de alguna manera, expresan el debido proceso de este tipo de medidas, pero lo importante es señalar que la disposición, tanto de la PDI como del Servicio y del Gobierno, es expulsar a todas las personas que están en la causal y que tienen el mérito para hacerlo.
Y respecto de los números, si uno mira los años anteriores, hay una continuidad: el año 2021 se expulsaron 913 personas -240 administrativas- y el año 2020 se expulsaron 1.470, entonces son volúmenes históricos que tienen las expulsiones en nuestro país en virtud de que es un procedimiento que tiene una serie de etapas y ha sido siempre así. Entonces, que diga un papel que sea en el menor tiempo posible, eso es algo que hoy día ocurre, como ocurre que a las personas se las expulsen con el debido proceso.
