La iniciativa surge tras la propuesta de José Antonio Kast de evaluar indultos humanitarios a internos de Punta Peuco.
El Gobierno reafirmó que trabaja en transformarlo en un penal común.
La bancada socialista acusa a la derecha de impulsar una ley que permitiría liberar a criminales de lesa humanidad.
En el marco de la conmemoración de los 52 años del golpe de Estado, el comité de senadores del Partido Socialista anunció este miércoles la presentación de una reforma constitucional para impedir que los indultos presidenciales beneficien a condenados por crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, pedofilia y delitos graves de alta connotación.
La iniciativa surge en respuesta a la posibilidad, planteada por el candidato presidencial republicano José Antonio Kast, de otorgar indultos humanitarios a internos de Punta Peuco, incluido Miguel Krasnoff (condenado a más de mil años de cárcel por crímenes contra los derechos humanos), en caso de llegar a La Moneda.
Los senadores Juan Luis Castro y Fidel Espinoza defendieron la propuesta, que han denominado "No a la ley Krasnoff", y acusaron a la derecha de impulsar un proyecto paralelo que busca liberar o enviar a sus domicilios a reos mayores de 70 años, enfermos terminales o discapacitados, sin distinguir la naturaleza de los delitos.
"Esto no tiene nada que ver con la elección presidencial, sino que es más una respuesta a este agravio, a esta ofensa que se verá en el Senado el 7 de octubre. La derecha ha presionado para que tengamos que discutir un proyecto de ley que permite liberar a los criminales de lesa humanidad, que están en Punta Peuco y en recintos especiales en Chile", fustigó Espinoza.
Esa iniciativa ya fue aprobada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con votos de parlamentarios como Rojo Edwards (ex-Republicanos) quien justificó su apoyo apelando a "la dignidad de personas privadas de libertad en condiciones críticas".
El senador dijo sentir "indignación porque han metido presa a una persona de 92 años, que no es autovalente y que no controla esfínter. Estamos hablando de personas que se están muriendo. El Estado de Derecho que defendemos no sólo castiga, también está obligado a respetar la dignidad de cada persona, incluso de quien cumple condena, y eso es independiente del delito".
Respecto de la iniciativa de oposición, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, advirtió que "cualquier proyecto que vaya en esa línea tiene que cumplir, al menos, con los requisitos que establece el Estatuto de Roma".
Aquella normativa internacional sostiene "que aquellas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad sólo podrán obtener algún tipo de beneficios, primero, si se arrepienten, y segundo, si colaboran con la Justicia", relevó.
Recalcó, además, que lejos de liberar a estos condenados, el Gobierno avanza en el compromiso del Presidente Gabriel Boric de transformar Punta Peuco en un penal común y aumentar su capacidad en 32 plazas.
El debate ha dividido a familiares de víctimas y de militares condenados. Carol Urzúa Chegia, hijo del exintendente metropolitano asesinado en 1983, llamó a "una justicia sin venganza", mientras que Juan Carlos Chávez -hijo de un detenido desaparecido en la Operación Colombo- y Alejandra Parra -hija de un ejecutado político en 1973- rechazaron cualquier beneficio para los criminales de Punta Peuco: "Deben morir en prisión", afirmaron.
