El diputado Raúl Soto (PPD) pidió un "mea culpa colectivo" por las reuniones entre autoridades, parlamentarios, líderes políticos y empresarios no registradas por Ley de Lobby, después de que la vicepresidenta de su partido, Natalia Piergentili, se viera implicada en el caso.
La continuidad de Piergentili en el cargo que ostenta será analizada este lunes por la Comisión Política de la tienda, después de que Ciper publicara que recibió pagos por una serie de charlas, provenientes de la sociedad del lobista Pablo Zalaquett (UDI).
En un comunicado, la dirigenta reconoció dichos pagos, aunque aclaró que corresponden a asesorías: "Desde noviembre pasado, he prestado una asesoría periódica en políticas públicas a una asociación gremial, contratada por la empresa consultora del Sr. Zalaquett, actividad profesional lícita que he realizado en mi ámbito laboral privado, por la cual naturalmente he recibido una remuneración, la que se ha visto reflejada en las boletas respectivas".
"Esta actividad profesional no guarda ninguna relación con el tema de las reuniones conocido por la opinión pública", añadió Piergentili.
"NO CONCENTRAR RESPONSABILIDADES"
"Dado que han participado personeros políticos de lado y lado, creo que el mea culpa debe ser colectivo", opinó Soto en la previa de la Comisión Política, acotando que "no creo que sea bueno concentrar las responsabilidades en una persona o un partido político, porque acá -insisto- hay gente involucrada de la A a la Z".
El diputado añadió que "Natalia tiene derecho también a dar las explicaciones del caso, de por qué hizo lo que hizo y cuál fue la forma, si se operó o no bajo el ordenamiento jurídico vigente; hasta ahora yo entiendo que sí, al menos con las aclaraciones que ella ha hecho ella".
En contraste, su par del PS Marcos Ilabaca advirtió que "no es lo mismo ser dirigente de un partido político que ser un lobbista o un gestor de intereses particulares. Creo que correctamente, cualquier ciudadano se puede dedicar a eso, es un trabajo, pero que no utilice su cargo a disposición de este tipo de acciones".
"Creo que existe un problema, a lo mejor no legal, pero sí moral, y que cualquier dirigente político en tal calidad tiene un mandato de sus respectivos militantes y partidos, que es dirigir los destinos de tal o cual partido. Creo que allí sí existe un cuestionamiento, y espero que el PPD tome acciones respecto de esta materia", remató.
EL FLANCO DE TOHÁ EN LA MONEDA
Por otro lado, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que "no hay un cambio de posición" respecto de las reuniones en las que participaron ministros, luego de que la titular de Interior, Carolina Tohá (también del PPD), declinara registrar aquella a la cual asistió.
"Lo que el Presidente ha señalado -con justa razón- y mantiene firme y tajantemente es que los ministros y ministras tienen que dialogar hasta que duela para poder hacer avanzar al país. En eso no hay un cambio de posición en absoluto, no hay un retroceso; el Presidente mantiene ese llamado y ese mandato a todos los ministros y ministras", recalcó.
Asimismo, "mantenemos una clara convicción respecto a que esto se circunscribió a la normativa vigente, pero dado el debate público hace un llamado a reevaluar, y frente a eso, los ministros han reevaluado el publicar en la plataforma en cuestión", salvo -como fue mencionado- en el caso de la jefa de gabinete.
