El abogado representante de la defensa del Presidente Sebastián Piñera, Jorge Gálvez, expuso nuevamente esta jornada ante la comisión parlamentaria en la Cámara Baja encargada de estudiar la acusación constitucional presentada contra el Mandatario, por su presunto vínculo en la compraventa de su participación en el proyecto minero Dominga.
Esta mañana se reunió por segunda jornada consecutiva la comisión para revisar el libelo y que la defensa del Mandatario pudiera completar su presentación, en la qur insistió que la acusación no reúne los requisitos legales ni constitucionales para su procedencia.
Gálvez expresó que "la acusación constitucional se basa en meras suposiciones, es vaga, tiene referencias genéricas a normas y no respeta el principio de presunción de inocencia, por lo tanto, afecta gravemente el principio de presunción de inocencia".
"Fíjense, por ejemplo, como la página 26 párrafo final de la acusación dice: 'es menester señalar que la adopción por parte de Chile del Acuerdo de Escazú, hace inviable la realización del proyecto minero Dominga'. Este párrafo creo que es una muestra muy gráfica de la manera en que está construida esta acusación constitucional", agregó en su alegato.
Además, subrayó que la iniciativa de consagrar un área costera protegida en la zona de La Higuera no es que no fuese considerada por razones políticas, ni que el Mandatario "haya desarrollado alguna acción para impedir la protección ambiental".
Finalizada la exposición del jurista, el diputado Florcita Alarcón (independiente) reprochó que la defensa fue "muy didáctica, pero absolutamente jurídica", a su juicio, con un "estilo totalmente apegado a los juicios de Exalmar y Dominga; esos juicios que ustedes ganaron con el beneplácito del cuestionado fiscal (Manuel) Guerra".
En ese sentido, consideró que eso "no le servirá de nada por la acusación constitucional, equivocadamente usted no es jurídica, es política". Finalmente, la comisión se reunirá nuevamente el próximo martes 2 de noviembre.
En respuesta a lo anterior, el jurista penalista de la Universidad Católica, Alex Van Weezel, explicó que "juicio político y penal son diferentes, sin duda, pero creo que sería teórico, sería formalista y -pienso- injusto también prescindir en el juicio político de los criterios y las instituciones desarrolladas en la ámbito jurídico penal, porque son instituciones y criterios que se han desarrollado precisamente para poder asignarle a alguien seriamente, con fundamentos, responsabilidad por un cierto hecho".
Según reveló una investigación periodística de los "Pandora Papers", la familia de Piñera realizó en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, la compraventa de su participación en el polémico proyecto a su amigo de años el empresario Carlos Alberto Délano, con una controversial cláusula para el pago de la tercera y última cuota: que el sector, en la comuna de La Higuera, donde se emplaza la iniciativa, "no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional". La operación se selló a fines del 2010, en el primer Gobierno del actual Mandatario.
Por ello, la oposición ingresó una acusación constitucional por presuntas faltas a la probidad y por comprometer el honor de la Nación, a lo que se suma, en paralelo, una investigación del Ministerio Público.
